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Actualidad jurídica y consejos legales

La, tan comentada, orden de alejamiento

                                                             Por Iñigo Alonso

Se habla mucho últimamente de las órdenes de de alejamiento, sobre todo a raíz de los casos de violencia de género, pero seguro que muchos habremos visto en las noticias alguna medida de este tipo relacionada con casos de acoso también, a algún famoso por ejemplo. El concepto básico de esta medida parece claro, pero vamos a profundizar en ciertos aspectos y detalles clave.

Lo primero que hay que especificar es que la orden de alejamiento puede establecerse tanto respecto a personas como a lugares (por ejemplo prohibición de acercarse a una vivienda en concreto), la distancia de la orden de alejamiento la establecerá el juez que la decrete en función de la peligrosidad y de otras circunstancias, especial mención tienen los casos en los que la presunta víctima y el presunto agresor/acosador son vecinos, pues la distancia que se establezca tendrá que tener en cuenta esta circunstancia.

¿Qué hace falta para que se acuerde este medida? La orden de alejamiento la decretará el juez si aprecia indicios de violencia doméstica o de peligro para la vida o integridad de una persona. Hay que distinguir entre la orden de alejamiento como medida cautelar y la orden de alejamiento como medida definitiva; en el primer caso lo único que tiene que apreciar el juez son indicios, ya que aún no se ha declarado la culpabilidad del sujeto, en el segundo caso la medida tiene que ir de la mano de una sentencia de condena en la que ya se hayan probado los hechos delictivos. Para complementar esta medida se pueden ordenar el uso de pulseras localizadoras, seguimientos al presunto agresor/acosador o comparecencias periódicas del mismo ante el juzgado.

Si se incumple esta medida se pueden presentar cargos por incumplimiento de condena, hay que especificar algo muy importante: la orden de alejamiento obliga a ambas partes, agresor y víctima, lo cual plantea el problema de los casos en los que es la víctima quien la incumple. Las soluciones de la jurisprudencia en este punto son de lo más variadas, pues es una problemática reciente.

En definitiva, habría que concluir diciendo que pedir una medida de este tipo no es un juego y solo hay que planteárselo para casos graves y realmente fundados, para lo cual habría que consultar previamente a un abogado de nuestra confianza y reunir indicios para presentar ante el juez.

Para cualquier consulta o sugerencia estamos disponibles en la dirección de correo info@avalfeabogados.com



Contrato de interinidad, ¿el último de la fila?


Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016 aplicada por la sentencia de 5 octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las cosas han cambiado para las indemnizaciones de los contratos de interinidad.

Los contratos de interinidad, son los únicos contratos temporales junto con los de formación que no establecen ninguna indemnización a su finalización.

Con esta sentencia del TJUE se impone la obligación de no discriminar a los contratos de interinidad frente a otros contratos temporales.

En caso de cualquier duda con su contrato de interinidad se recomienda consultar con un abogado laboralista.



La franquicia como forma de hacer negocio

Por Iñigo Alonso

La franquicia puede ser una buena forma de emprender una aventura empresarial contando desde el inicio con una base sólida, infraestructura, una marca o una reputación. Sin embargo, también hay que tener en consideración ciertos aspectos y estar atento a las condiciones que firmamos antes de tomar una decisión tan importante.

Lo primero que hay que comprobar es que el franquiciador esté inscrito en el registro público de franquiciadores y que nos dé acceso a una serie de información previa: datos identificativos, acreditación de la marca y derechos de propiedad industrial, descripción del sector, experiencia, contenido del modelo de franquicia, estructura y extensión de su red de franquicias en España, y cualquier dato relativo a los elementos esenciales del acuerdo.

El primer paso, una vez comprobado lo anterior, suele ser un precontrato que únicamente implica un derecho de adhesión preferente a la red de franquicia, pero que cumple la función de salvaguardar la buena fe precontractual en esa fase de la negociación que precede al contrato.

En cuanto al contrato en sí, hay tres elementos esenciales que deben tratarse en el mismo y sin los cuales no podrá ser considerado una franquicia; la cesión de la marca, la transmisión del "know-how", y la asistencia técnica continuada durante el transcurso del negocio. Aparte de esos tres aspectos, los contratos normalmente estipularán un canon de franquicia (fijo o variable) a favor del franquiciador, algún margen sobre el beneficio de las ventas y, en ocasiones, cláusulas de exclusividad por zonas o de prohibición de competencia.

En definitiva, la franquicia puede representar una oportunidad de lanzar nuestro negocio o una carga insostenible, según las condiciones del contrato y la posición del franquiciador, por ello es necesario informarse de manera exhaustiva y no dejar al azar ningún detalle del contrato. Ante la más mínima duda, es recomendable ponerse en contacto con nuestro abogado o despacho de abogados de confianza.

Para más información pueden consultarnos a la dirección de correo info@avalfeabogados.com

Custodia compartida ¿La solución?

  Por Iñigo Alonso


Nos lo explica muy bien Mesala en la famosa película de Ben-Hur: "Eros ha muerto, Marte impera", esta es muchas veces la realidad en los divorcios/separaciones de hecho, nunca es deseable que la situación acabe en conflicto, y menos aún cuando hay menores de edad de por medio.

Cuando no hay acuerdo y los padres convierten a sus hijos en campo de batalla para ganar su guerra personal, todos salen perdiendo, y aunque las estadísticas sugieren una aplastante victoria de la mujer (solo un 17,9 por ciento de custodias compartidas), muchas veces hablamos de una victoria sobre los escombros de una relación rota, de una familia rota, de un menor que ha sido utilizado como arma arrojadiza y que no va a poder disfrutar de sus dos progenitores en plenitud. Sin embargo el porcentaje de custodias compartidas, pese a todo, ha experimentado un aumento, aunque varía mucho según la Comunidad Autónoma, siendo Aragón la más avanzada en este sentido.

Conviene diferenciar, antes de nada, los conceptos de custodia y patria potestad. La patria potestad, implica la facultad de tomar decisiones importantes de la vida del menor, siempre en su interés, y es raro que los jueces se la retiren a algún progenitor. En cambio la custodia se refiere a quien va a acoger al menor la mayor parte del tiempo y va a tomar las pequeñas decisiones del día a día, tradicionalmente se le ha concedido a la madre.

Una vez aclarado lo anterior, es necesario resaltar la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013 que declara que la custodia compartida no debería ser una excepción sino lo deseable, siempre que sea lo más beneficioso para el interés del menor de edad, que haya una actitud mínimamente cooperativa de los padres, y que ninguno de los progenitores esté siendo investigado por un delito contra el otro ni haya indicios de malos tratos. En cualquier caso, el juez pedirá informe al Ministerio Fiscal y ordenará practicar pruebas periciales de psicólogos expertos en la materia para decidir si realmente la medida sería lo más conveniente para el menor. La opinión del niño podrá ser escuchada si, a juicio del tribunal, dispone de la suficiente edad y uso de razón.

La consecuencia de la custodia compartida sería que el tiempo de estancia del menor con cada uno de sus padres estaría repartido más equitativamente, así como la toma de decisiones del día a día del hijo, habría consecuencias sobre la vivienda familiar (que ya no tendría que quedar destinada solamente a una de las partes necesariamente, sino que podrían turnarse o buscar otra solución por ejemplo) o sobre las posibles pensiones alimenticias, que en caso de custodia única quedan fijadas a favor del progenitor que la ostente.

Para concluir, me gustaría posicionarme a favor de la doctrina del Tribunal Supremo de que la custodia compartida es lo deseable, a menos que la conducta de alguno de los padres o los informes de expertos lo desaconsejen claramente, se está avanzando en este sentido, pero aún hay algunas reticencias por parte de muchos jueces y cada caso es un mundo, el camino será largo, pero estoy convencido de que los casos de custodia compartida irán en aumento y ello será mejor para la parte más importante, que no es otra que el hijo menor de edad.

El IRPH, la futura cláusula suelo

Por Iñigo Alonso

Hay "caso IRPH", por si el panorama bancario no tuviera bastante con al caso Bankia, las cláusulas suelo o los numerosos desahucios, ahora está empezando a formarse también la conciencia sensibilizadora en torno al índice del IRPH como sustitutivo al EURIBOR en las hipotecas.

¿Qué implica este índice? , se presentó como más sólido que el EURIBOR, y así lo vendieron los bancos, lo cual es perversamente cierto, puesto que actualmente este último está experimentando bajadas que benefician al consumidor, en cambio el IRPH es mucho menos sensible a estas bajadas del EURIBOR, y eso provoca que los que hayan suscrito hipotecas con IRPH estén pagando de más en sus cuotas.

Si nos atendemos a la definición legal de cláusula abusiva, el IRPH que hay en muchas hipotecas lo es, además están comenzando a salir sentencias en este sentido, aunque es un tema más "virgen" que las cláusulas suelo, en algún momento el Supremo acabará pronunciándose con contundencia y el tema se popularizará al igual que con aquellas. Al ser abusivo, el consumidor tiene derecho a pedir su anulación junto a la devolución de las cantidades cobradas de más con intereses y de los gastos hipotecarios....normalmente estamos hablando de cantidades muy grandes.

El procedimiento, en caso de querer reclamar, es el estándar, primero se envía un escrito amistoso con nuestra petición al banco y, en caso de no ser atendidos satisfactoriamente, se puede comenzar la vía judicial. Para todo este proceso recomiendo encarecidamente contar con la ayuda de un abogado o despacho de abogados de confianza.

Me gustaría también tocar el tema de las demandas colectivas de consumidores que están empezando a verse para defender los intereses de estos, en España este tipo de demandas no tienen una regulación legal tan completa como en USA por ejemplo, no hay tradición por así decirlo. Aunque meterse en una demanda de estas es un poco más barato que una individual, se pierde el trato personalizado de cada caso concreto y el procedimiento será mucho más lento aún, por lo que mi recomendación son claramente las demandas individuales.

En resumen, lo he dicho antes y lo volveré a repetir, hay "caso IRPH", se está empezando a ganar y pronto se popularizará, merece la pena hacer valer nuestros derechos como consumidor si somos afectados por este índice abusivo, aunque el proceso para recuperarlo no sea rápido.

Banco y consumidor, ahora es un juego de dos.

Por Iñigo Alonso

Hasta hace nada, el banco jugaba partidas de frontón con sus clientes, él era el único que tenía la capacidad de golpear la bola, y él estaba allí para ser el único capaz de mandarla de vuelta. Este símil deportivo, se traducía en cláusulas abusivas o engañosas, mal asesoramiento y una aplicación despiadada de la ley. Sin embargo, en los últimos años empieza a abrirse camino la sensibilización de los tribunales (españoles y europeos) en la protección del consumidor y en la defensa de sus intereses frente a los de la entidad bancaria, esto empieza a parecerse ya más a un partido de tenis.

Uno de los pasos importantes del inicio de esta sensibilización es el caso Bankia, tanto por el engaño con las preferentes, como por la indignación de muchos al ver a la entidad rescatada y al país pagando por los errores de sus directivos. Podríamos decir que el caso Bankia fue el saque de honor que inauguraría este partido de tenis.

Otro dato que es importante mencionar, el es aumento de procesos de desahucio en nuestro país, producto de la crisis económica, que reabre constantemente el debate bancario y ha obligado a las entidades bancarias en muchos casos a sentarse a negociar con las plataformas de desahucio o con los deudores para buscar una solución intermedia, profundizar en este tema sobrepasaría el propósito de este artículo, pero baste con decir que este tema ha influido también en la progresiva sensibilización social y judicial hacia la parte más desfavorecida, que es el consumidor.

Sin embargo, si el caso Bankia fue el saque de honor, las cláusulas suelo han sido el punto de partido, y más aún con la nueva sentencia del tribunal europeo que obliga a los bancos a devolver también las cantidades anteriores a 2013. Ya no se aplica la regla de que lo único que cuenta es lo que se firma, a partir de ahora, si una cláusula en un contrato de este tipo es abusiva, el consumidor tendrá la opción de anularla y cesar su aplicación.

En resumen, ciertas prácticas que las entidades bancarias han aplicado sin pudor durante años, al amparo del argumento de la firma, van a tener que ser revisadas, pues ahora el consumidor conoce cada vez mejor sus derechos y los jueces están cada vez más concienciados de su situación. Desde nuestro despacho de abogados animamos a cualquier consumidor que haya firmado o vaya a firmar algún contrato importante con el banco a consultarlo con nosotros por si acaso hubiera alguna irregularidad que se pudiera reclamar, y es que, en este partido de tenis, Avalfe Abogados tiene mucho que decir.

Detalles a tener en cuenta en el seguro de robo

Por Iñigo Alonso

Volvemos este 2017 con más energía que nunca, y para comenzar el año voy a seguir profundizando en el tema de los seguros, esta vez toca hablar de algunas cuestiones básicas de los seguros de robo. Lo cierto es que ante el aumento de los robos, las compañías aseguradoras han reducido en sus pólizas la cobertura ofrecida, y por ello es necesario conocer bien los aspectos legales de este tipo de seguro, así como el contenido de lo que estemos firmando.

Lo primero que hay que tener claro es la diferenciación entre el continente y el contenido objeto de la cobertura, me explico, el continente sería por ejemplo la casa o el local asegurado, mientras que el contenido serían los objetos que se encuentren dentro en el momento del robo. Hay que fijarse bien si la póliza cubre los dos o solo el continente, también hay que valorar si nos compensa asegurar todo, o si hay algún objeto de extraordinario valor que sea mejor asegurarlo expresamente.

Otro punto a tener en consideración es el distinto trato que suelen recibir en la cobertura el robo y el hurto, pues no todas las pólizas cubren el hurto o no lo hacen de la misma manera que el robo. Para el que no sepa la diferenciación entre ambos conceptos: el robo implica la sustracción por medio de fuerza en las cosas o violencia/intimidación en las personas, mientras que el hurto sería la sustracción sin que se den las anteriores.

Pasemos ahora al robo en sí; nuestro deber como tomador del seguro es tomar todas las precauciones posibles para evitarlo, así como informar con veracidad a la compañía de las medidas de seguridad de que dispongamos. Si el incidente ya se ha producido, debemos primero denunciarlo a la policía e, inmediatamente después, avisar a la aseguradora.

Cuando demos parte del robo a la aseguradora tendremos que detallar la relación de los bienes sustraídos, nos tocará a nosotros probar la preexistencia de los objetos robados, aunque, por suerte, la póliza será una presunción a nuestro favor cuando razonablemente no se puedan obtener medios de prueba más eficaces.

Por último toca reiterar el consejo de asegurarse bien de tener claro el contenido de la póliza que firmemos y , en el caso de contar con algún bien de extraordinario valor, asegurarnos de que quede expresamente cubierto, para cualquier duda al hilo de este u otro artículo consultar a la dirección de correo info@avalfeabogados.com

Seguro de vida, respuestas a preguntas frecuentes

               Por Iñigo Alonso

Mi último artículo hacía una revisión de ciertos aspectos básicos del contrato de seguro, esta vez trataremos uno de los tipo de seguro que más problemas suele dar, el seguro de vida, he considerado oportuno recoger un compendio de varias preguntas que hemos recibido en nuestro despacho de abogados en relación  a esta materia:

- " ¿ Se puede asegurar la muerte de un menor o un incapaz?"

La ley prohibe el seguro para caso de muerte sobre las cabezas de los menores y los incapaces, si el menor tiene entre 14 y 18 años, se podrá hacer con la autorización por escrito de sus representantes legales.

-"¿ Es válido el seguro sobre la vida de un tercero?"

Sí, si se puede probar un vínculo que genere el interés ( pr ej consanguinidad, vínculo societario...) o si se cuenta con el consentimiento por escrito del portador del riesgo asegurado.

-"¿La designación del beneficiario es revocable?"

Lo es en cualquier momento anterior al vencimiento de la póliza o al siniestro, a menos que se trate de una designación irrevocable.

-"¿Hay algún tipo de derecho de arrepentimiento?"

El tomador del seguro, en los seguros de vida de duración superior a seis meses, tiene un derecho de arrepentimiento que deberá ejercer en un plazo de treinta días a contar desde la entrega de la póliza o documento de cobertura provisional.

-¿"Estos seguros cubren el suicidio"?

El suicidio no está cubierto hasta que no transcurra un año desde la perfección del contrato, tampoco la muerte del asegurado causada por el beneficiario (en este caso, ni aunque transcurra el tiempo que sea).

-"¿Se puede reducir el seguro por impago de las primas"?

Sí, a partir del segundo año.

Esto es todo por hoy, para cualquier  duda, aclaración o comentario, estoy siempre disponible en la dirección de correo info@avalfeabogados.com

                                        

Seguros, guía básica.

                                                             Por Iñigo Alonso

En las últimas semanas hemos recibido varias consultas en nuestro despacho de abogados relacionadas con el contrato de seguros, por lo que he considerado conveniente abordar algunos aspectos básicos de la materia.

Lo primero que quiero decir, es que la póliza es el contrato que recoge la relación entre el tomador del seguro y la compañía aseguradora, es fundamental leerla con atención, pues hay siempre matices que dependen del tipo de seguro de que se trate y de la compañía en cuestión, también hay que estar atento a la posible inclusión de cláusulas abusivas.

Otro aspecto que a veces es ignorado, es el hecho de que estos contratos se renuevan tácitamente, dicho de otra forma, si queremos darnos de baja debemos comunicarlo de forma expresa, todo ello al margen de la duración inicial del contrato.

A continuación, conviene recordar dos deberes fundamentales que tenemos hacia la compañía aseguradora, y cuyo incumplimiento podría suponernos la pérdida de la cobertura o una redacción en la cuantía de la misma; el deber de comunicar todas las circunstancias que agraven el riesgo y el deber de avisar del siniestro en un plazo máximo de siete días, comunicando  en este último caso todas las circunstancias con la mayor exactitud y veracidad posibles. Todos sabemos que las aseguradoras están esperando media excusa para no pagar... así que no se la proporcionemos.

Por último, en caso de querer efectuar una reclamación contra la compañía, el primer paso será presentar una reclamación escrita ante el departamento de atención al cliente. Si no ha habido una respuesta satisfactoria en un plazo de un mes, podremos acudir al defensor del asegurado o a la dirección general de seguros o pasar directamente a la vía judicial. En estos casos de desacuerdo, y para proteger nuestros intereses, lo más recomendable será contactar con un abogado o despacho de abogados de confianza.


Para cualquier comentario, duda o sugerencia, ponemos a disposición de cualquier interesado nuestra dirección de correo electrónico info@avalfeabogados.com


Pareja de hecho ¿El nuevo matrimonio?

Por Iñigo Alonso

Parece que la sociedad ha encontrado una forma alternativa de institucionalizar las relaciones de convivencia afectiva sin pasar por el matrimonio tradicional: la pareja de hecho. Sin embargo, en cierta medida, una relación de pareja de hecho puede llegar a tener consecuencias idénticas a las de la institución que se intentaba evitar.

Para empezar, si hay hijos comunes los deberes de los progenitores de contribuir a su mantenimiento son los mismos haya matrimonio o no, lo cual puede tener consecuencias a los efectos de posibles pensiones alimenticias cuando se rompe la relación de pareja de hecho. La diferencia aquí frente al matrimonio es que no hay obligación de prestar alimentos a la pareja que no es cónyuge, aunque sí a los hijos.

En cuanto a los bienes, se admiten pactos por escrito que regulen el régimen económico de la pareja de hecho, como por ejemplo asimilarlo al de gananciales o al de separación de bienes. Si no hay pactos habrá que distinguir los bienes comunes de los privativos de cada persona a los efectos de una posible ruptura, en ciertos casos un bien puede figurar oficialmente a nombre de una sola persona pero ser en la práctica un bien común (por ejemplo la vivienda que figura a nombre de uno de los novios pero se ha pagado con dinero de los dos), lo cual habrá de ser probado por quien intente hacer valer sus derechos sobre dicho bien.

Conviene tener presente también que se admite a veces, en casos de ruptura de la pareja, el establecimiento de una pensión compensatoria a favor de la persona a la cual la relación de pareja le haya supuesto un perjuicio o un empeoramiento con respecto a la situación anterior a la relación de pareja de hecho, de forma similar a la que se podría establecer en un matrimonio.

En el caso de vernos ante una ruptura inminente, lo mejor será contactar con un abogado o despacho de abogados de confianza para que nos ayude a redactar un acuerdo amistoso de ruptura y, si no hay posibilidad de acuerdo, acudir a la vía judicial. También puede ser conveniente la ayuda de un despacho de abogados para redactar el pacto escrito por el que se regirá el régimen económico de la relación, al comienzo de la misma, para así evitarnos problemas despúes.

Para cualquier comentario, consulta, duda o aclaración tenemos disponible la dirección de correo electrónico info@avalfeabogados.com

Visados  de estudiantes y su problemática

Por Iñigo Alonso

El visado de estudiante es un tipo de permiso  que  tiene por finalidad que un extranjero pueda residir en España el tiempo suficiente para realizar algún estudio superior o de postgrado, ultímamente estamos recibiendo en nuestro despacho de abogados varias consultas relacionadas con problemas en la obtención de estos permisos, así que he considerado conveniente dar un repaso a la materia.

Comencemos  por los requisitos para solicitarlo; deberemos acudir al consulado de España en nuestro país y presentar relleno el modelo de solicitud junto a una serie de documentación:

- Copia del pasaporte vigente y documento nacional de identidad de nuestro país (en principio con el pasaporte debería valer).


-Certificado de admisión en el centro de estudios firmado por un representante del mismo (importante que diga que los estudios son a tiempo completo) y programa de contenidos del curso que se va a realizar.

-Titulación académica.

- Seguro médico que cubra todo el tiempo de estancia en España.

- Justificante de contar con un domicilio donde hospedarse en España.

- Acreditar contar con medios económicos suficientes para la estancia, podría valer presentar las últimas nóminas o extractos del banco.

- Si la estancia va a ser superio a seis meses hará falta además presentar un certificado médico y otro de carecer de antecedentes penales.

Hay que decir que, en los últimos años, las autoridades españolas están siendo muy arbitrarias en la concesión de estos visados, por ello es necesario tener todo muy bien documentado, para más seguridad recomiendo contar con la asistencia de un abogado o despacho de abogados de confianza.

Para cualquier duda, en Avalfe Abogados atendemos consultas relacionadas con esta materia en Móstoles, Bilbao, Murcia y Madrid. Para más información dirigirse a info@avalfeabogados.com



Preguntas frecuentes sobre incapacidades laborales y sus prestaciones

Antonio Avendaño


¿Qué son las incapacidades laborales y cómo se clasifican?


Las incapacidades laborales se corresponden con aquellas situaciones en las que, bien por padecer una enfermedado haber sufrido un accidente, una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo. Con carácter general, pueden clasificarse de la siguiente forma:


Incapacidad temporal, que es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.


Incapacidad permanente, que se plantea cuando la persona, estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.


Dentro de este tipo de incapacidad se distinguen distintos grados:


Parcial para la profesión habitual: La que ocasiona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.


Total para la profesión habitual: es la que inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.


Absoluta para todo trabajo: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.


Gran invalidez: Cuando además necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.


Lesiones permanentes no invalidantes, que se corresponden con aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una disminución de la integridad física del trabajador.


¿Qué tipos de prestaciones están previstas en nuestro sistema? ¿Cómo se obtienen las prestaciones?


En el caso de la incapacidad temporal, la falta de rentas se cubre mediante el pago de un subsidio diario en tanto el trabajador esté imposibilitado para trabajar y requiera de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Esta situación puede derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el primer caso, el subsidio se cobrará a partir del cuarto día de la baja y en el segundo desde el día siguiente.
Para obtener esta prestación hay que acudir al Servicio Público de Salud o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El médico de la sanidad pública o de la mutua verificará la situación de incapacidad temporal y extenderá el pertinente parte de baja con cuatro copias: una para la Inspección de Servicios Sanitarios, otra para la Entidad Gestora de la Seguridad Social o Mutua y dos para el trabajador, de las que una habrá de entregarla en su empresa.
La baja se irá confirmando cada siete días con los correspondientes partes médicos hasta que se produzca el alta y, con ella, la extinción de la prestación.

En lo que a la incapacidad permanente se refiere, la falta de ingresos se cubre por el reconocimiento de una pensión contributiva, que se percibirá, en el caso de la parcial, a partir de la fecha de la resolución que la determine, y en los demás casos, el día de propuesta de declaración de la incapacidad permanente o el día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal.
En cuanto al procedimiento de reconocimiento, puede iniciarse de oficio por la propia Administración - a través de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo o del Servicio Público de Salud -, por las Entidades colaboradoras o por el propio interesado mediante la presentación de la pertinente solicitud.
Una vez analizada toda la documentación y pruebas que al efecto se puedan requerir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta en base al informe médico de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al informe de antecedentes profesionales.

Finalmente, el Director Provincial del Instituto referido dictará resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión - que variará en función del grado - y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa.

La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de
diagnóstico o por la realización de trabajos, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión.

Esta revisión es posible sólo mientras no se hayan cumplido los 65 años, y una vez transcurrido el plazo dictado en la resolución. No será necesario que haya
transcurrido dicho período de tiempo - si es igual o inferior a dos años, el trabajador tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo - si el pensionista está ejerciendo algún trabajo, o si la revisión se funda en un error del diagnóstico.

En cuanto a los requisitos para ser beneficiario de la prestación cabe señalar, de forma genérica, que dependiendo del grado de incapacidad se exigen unos requisitos generales y de cotización. Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.

En lo que a la cuantía se refiere, vendrá determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido. Así:


Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.

Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual.

Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora.

Gran invalidez, 100% de la base reguladora incrementado en un 50% destinado a remunerar a la persona que atiende al gran inválido.

Por último y, en lo que a las lesiones permanentes no invalidantes se refiere, se prevé el pago de una indemnización económica a tanto alzado o por una sola vez. La cuantía de esta indemnización está determinada en el baremo establecido al efecto.
El procedimiento de reconocimiento de la prestación es el previsto para la incapacidad permanente.
Para solicitar una prestación por incapacidad permanente o una indemnización por lesiones permanente no invalidantes deberá cumplimentarse el impreso correspondiente dentro de los que figuran en la página que se apunta a continuación y remitirlo por correo ordinario o presentarlo en la Dirección Provincial del INSS.
En el propio impreso se señala la documentación que, necesariamente, ha de acompañarse a la solicitud.


¿Es posible cobrar pensión sin haber cotizado?


Con carácter general se puede hacer la siguiente distinción:

Pensiones contributivas: son prestaciones económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos.
Entre ellas se contemplan las previstas para hacer frente a la falta de ingresos del trabajador que padece una incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez.

Pensiones no contributivas: son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para la subsistencia en los términos legalmente establecidos, aún cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.
Entre ellas se contempla la prestación para hacer frente a situaciones de invalidez, que implica una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
Para tener derecho al cobro de una pensión no contributiva por invalidez habrán de concurrir en el interesado, además de otros requisitos - edad entre 18 y 65 años y residencia en España - tener reconocido un grado de deficiencia / minusvalía igual o superior al 65 % y que los ingresos económicos que se perciban no superen una determinada cantidad, dependiendo de si se vive sólo o dentro de una unidad familiar.


¿Es compatible la pensión por incapacidad permanente y el cobro de un salario?


En caso de incapacidadpermanente total para la profesión habitual, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, o en la propia Administración Pública, trabajando como funcionario, con el alcance y en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.La regla general es que si el trabajador puede pasar a prestar una actividad compatible con su estado, tal actuación es conforme a Derecho. No es necesario cambiar de empresa, sino únicamente que el nuevo puesto, las nuevas funciones, sean perfectamente compatibles con la capacidad residual, y con la dolencia o lesión existente.

Lógicamente, se trata ésta de una cuestión práctica que debe ajustarse tanto a la profesión habitual de la persona; a la concreta lesión que supone la pérdida de capacidad; y al nuevo trabajo propuesto por el empresario.

Una vez teniendo dichos datos, se podría determinar la compatibilidad del trabajo prestado por la persona en situación de incapacidad permanente total, y la prestación económica percibida por la Seguridad Social.

En cualquier caso, se aconseja acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para obtener información concreta sobre la compatibilidad del puesto de trabajo.

También el Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación con la compatibilidad aludida.

De lo expuesto se deduce que la incapacidad permanente total es incompatible con el desempeño del mismo puesto de trabajo en la empresa, pudiendo realizarse cualquier trabajo por cuenta ajena o propia en la misma empresa o en otra distinta. De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre el desempeño de cualquier trabajo y el incremento del 20% en la prestación que se establece para los casos de incapacidad permanente total cualificada (a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual).

En lo que a la incapacidad permanente absoluta y a la gran invalidez se refiere, la pensión no impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del discapacitado y que no representen un cambio en
su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

Partiendo de la base de que la LGSS declara compatible la pensión de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, con determinadas actividades, la cuestión radica en determinar cuáles son esos trabajos "compatibles".

En la Sentencia del TS de 30 de enero de 2008 se propuso la inaplicación del artículo 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996, que permitía al INSS suspender el abono de la pensión del invalido absoluto o gran inválido que se colocase por cuenta propia o ajena.

La Sentencia del TS de 14 de octubre de 2009 (Rec. 3429/2008) abunda en esto con la tesis de que el cobro de una pensión es compatible con la realización de un trabajo. En cualquier caso, no se debe olvidar que la Seguridad Social puede decidir, en un primer momento, suspender la pensión por considerarla incompatible con la actividad desarrollada, por lo que habría que acudir a los tribunales para, con base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, solicitar que se declare la compatibilidad.



El Servicio Social femenino obligatorio y la jubilación anticipada

Antonio Avendaño

Nuestra legislación estableció la posibilidad de reconocer el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria como periodo efectivamente cotizado para solicitar la jubilación.

La previsión legislativa establecía de forma expresa un supuesto que solo era aplicable a una parte de la población, ya que no preveía nada para el caso del servicio social femenino obligatorio.

Esta situación parecía implicar una discriminación que así ha reconocido en primer lugar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y posteriormente el del Pais Vasco.

De esta manera, aquellas mujeres que hubieran realizado el servicio social obligatoria, podrían solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social o al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento de aquel periodo como efectivamente cotizado y de esta manera poder bien jubilarse antes o reducir los periodos de los Convenios con la Seguridad Social.

En caso de encontrarse en esta situación sería recomendable asesorarse con un abogado especializado en Laboral y Seguridad Social para conocer sus derechos y poder ejercerlos.


En caso de cualquier duda respecto a incapacidades y las prestaciones a que se tiene derecho puede consultar por me medio de nuestro formulario de contacto o directamente en laboral@avalfeabogados.com




Contratos, respuestas a preguntas frecuentes

                                                                    Por Iñigo Alonso

En las últimas semanas hemos recibido en nuestro despacho de abogados consultas relacionadas con algún tipo de contrato por parte de clientes de Madrid, Móstoles y Bilbao. Por ello me ha parecido interesante que los contratos sean el tema de este "preguntas y respuestas" de la semana.

  • ¿A partir de qué momento tiene validez un contrato? : bien, lo primero que hay que decir aquí es que un contrato privado firmado por ambas partes ya puede obligar en base a lo pactado en el mismo. Sin embargo, muchas veces, y para una mayor seguridad jurídica, se acude al notario para que lo selle y le de la fe pública.
  • ¿Quién puede ser parte en un contrato?: pueden ser parte quienes tengan la capacidad legal para obligarse, dicho de otro modo, no pueden ser parte los menores de edad no emancipados y incapacitados.
  • ¿Qúe cláusulas se pueden incluir en un contrato?: en general el único límite a la autonomía de la voluntad serían la ley y el orden público, no obstante, algunos tipos de contrato específicos pueden tener sus propias limitaciones, como por ejemplo el contrato de trabajo o el de alquiler, por ello es conveniente consultar con un abogado o despacho de abogados de confianza a la hora de redactar o de firmar un acuerdo.
  • ¿Puedo negociar con las empresas?: los contratos que se firman entre una empresa y un consumidor o usuario son contratos de adhesión, donde una parte redacta unilateralmente el contenido y la otra se limita a firmarlo o no. Estos contratos tienen sus propias normas y es importante, cuando somos el consumidor, asegurarnos de que no nos cuelen una cláusula abusiva, si detectamos contenido abusivo no debemos firmar el contrato hasta que la empresa en cuestión no retire la cláusula problemática. Nuevamente aquí puede ser fundamental la supervisión del contrato por parte de un abogado o despacho de abogados.
  • ¿Qué hacer si la otra parte incumple el contrato?: si la otra parte incumple y no se puede solucionar el problema por vía amistosa habrá que recurrir a la justicia, para obligar a la otra parte al cumplimiento forzoso del contrato (más posible indemnización por daños y perjuicios) o para pedir la rescisión del mismo ( nuevamente podría darse la posibilidad de solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que se puedan demostrar). Esta es la regla general, pero hay que estar pendiente, según que tipo de contrato, de la posible normativa específica.

Esta es una primera visión, está claro que podrían darse muchas otras preguntas que escapan a la dimensión del presente artículo, por lo que para cualquier comentario, duda o sugerencia estoy siempre disponible a la dirección de correo info@avalfeabogados.com

Indemnizaciones por accidente de tráfico

                                                            Por Iñigo Alonso

Está a la orden del día; en nuestro despacho de abogados recibimos constantemente consultas de gente de Madrid, Móstoles y Bilbao que quiere reclamar los daños de un accidente, gente que se "pelea" con su seguro para recibir la cobertura, etc. por ello es conveniente tener presente ciertas directrices básicas en la materia.

Para empezar debemos distinguir entre daños materiales y daños personales; siendo los primeros los sufridos por el vehículo o los objetos en el transportados, y los segundos los experimentados físicamente  (y a veces también moralmente) por las personas.

Una vez aclarado lo anterior, vamos a comenzar por los daños materiales; que a nadie se le olvide que al sufrir un siniestro debemos informar del mismo a la compañía aseguradora en un plazo máximo de siete días, esta enviará a su perito a evaluar los daños y en función del informe de este y del tipo de cobertura que tengamos contratada  se  determinarán las posibles compensaciones.

A la hora de evaluar los daños personales ( y en su caso morales derivados de los mismos) tendrá una gran importancia el parte médico. Se valorará si el accidente causa la muerte, secuelas o incapacidad y se tendrá en cuenta también la situación de cada individuo concreto; por ejemplo,  la importancia que para un cirujano pueda tener perder su mano derecha o las consecuencias para la viuda y los hijos menores que pierden al padre.

Siempre hay que tener presente la diferencia entre los seguros a terceros y los seguros a todo riesgo, puesto que los primeros solo cubren los daños que el asegurado cause a terceras personas mientras que los segundos cubren también los daños sufridos por el asegurado y otros ocupantes del vehículo, así como otros daños, como por ejemplo los que ocasione el vehículo asegurado que haya sido robado. Hay que tener en cuenta que las aseguradoras no pagarán si los daños los hemos causado nosotros para cubrir el seguro, y a veces tienden a interpretar que ha sido así, por lo que en ocasiones puede ser necesaria la intervención de un abogado o despacho de abogados.

En caso de que un accidente haya sido por culpa de otro conductor podremos dirigirnos contra él   o contra su aseguradora indistintamente para reclamar, si las vías amistosas no prosperan podremos intentar la vía judicial. Si el desacuerdo lo tenemos con nuestra aseguradora porque no quiere abonarnos la cobertura o parte de ella, les enviaremos un escrito formal en el que conste nuestra petición y si esta no es atendida se podrá plantear la posibilidad de acudir a los tribunales. Para todo este proceso recomiendo acudir rápido a nuestro abogado o despacho de abogados de confianza.

Para cualquier duda, comentario o sugerencia estoy siempre disponible en la dirección de correo de nuestro   despacho de abogados  info@avalfeabogados.com


Cláusula de garantía penal, el guardián del contrato

                                                                Por Iñigo Alonso

Es un hecho, a veces los contratos no se cumplen, en previsión de esta circunstancia es lógico pensar en garantías extra para proteger los intereses de una de las partes de los posibles incumplimientos por parte de la otra. Hay que destacar que todo contrato puede ser exigible judicialmente mediante las acciones que prevee la ley, sin embargo a veces puede ser conveniente personalizar nuestros medios de garantía según la situación concreta.

Estas cláusulas vienen a establecer algún tipo de sanción (normalmente una multa económica) para la parte que incumpla el contrato o cumpla de forma defectuosa, deben ser negociadas por ambas partes. Cuando nos presenten un contrato de adhesión (que no hayamos podido negociar su contenido, sino que simplemente nos den la opción de firmar o no firmar) y queremos protegernos de alguna forma extra ante un posible incumplimiento, podemos consultar a nuestro abogado o despacho de abogados de confianza para que negocie con la otra parte la inclusión de alguna de estas cláusulas en el contrato o en un acuerdo aparte.

¿Qué contenido le podemos dar a dicha cláusula? podemos establecer el cumplimiento forzoso más el pago de los daños para la parte que incumpla, la posibilidad de terminar con el contrato recibiendo una cierta cantidad si la otra parte no respeta el acuerdo....las variantes pueden ser tantas como grande es la imaginación humana y la voluntad de las partes tiene aquí un papel esencial.

¿Cuando se considera que ha habido incumplimiento? obviamente cuando se incumpla del todo, pero también puede pactarse una sanción para el cumplimiento tardío o defectuoso, según la voluntad de las partes. En principio estarían exentos los casos en los que una parte no ha podido cumplir por causas de fuerza mayor, aunque nada impediría que se pactase la inclusión de dichos supuestos en el alcance de la cláusula.

Entonces ¿podemos poner lo que queramos? la respuesta en que sí, aunque se aplican las reglas genéricas de limitación de la autonomía de las partes, en cualquier caso el juez tiene la facultad de moderar o suavizar el contenido de la cláusula según el caso en concreto.

En resumen, si alguna vez tenemos que firmar un contrato y creemos que nuestros intereses pueden peligrar o no estar suficientemente protegidos podemos acudir a un abogado o despacho de abogados para que nos ayude a negociar con la otra parte la inclusión de una de estas cláusulas que nos sirva como garantía, y es que las cosas mejor hacerlas bien desde el principio para no tener que lamentarnos después.

Para cualquier consulta, o comentario estoy disponible en la dirección de correo de nuestro despacho de abogados : info@avalfeabogados.com

Vicios ocultos

                                                                   Por Iñigo Alonso

En el último mes hemos recibido en nuestro despacho de abogados consultas de clientes de Madrid, Móstoles y Bilbao, en referencia a vicios ocultos en autómoviles y otros bienes adquiridos por internet. En alguno de estos casos, los vicios han resultado en lesiones o la incapacidad total de usar el bien adquirido. No me refiero a casos en los que se le compra a una empresa, sino a supuestos de compraventa entre particulares.

Lo primero de todo es definir exactamente lo que son los vicios ocultos; el primer requisito es que el defecto no esté a la vista (obviamente) y que sea lo suficientemente grave como para imposibilitar que se le de al bien el uso para el que se adquirió, de forma que de haberse conocido no se hubiera pagado el precio, esto último considerado desde el punto de vista de un espectador imparcial. Como última condición, el defecto debe de ser anterior a la venta.

¿Qué puedo hacer cuando me hayan vendido un producto con un vicio oculto?, bien, el principal camino es el saneamiento de la cosa, para ello tendremos un plazo de seis meses a contar desde el día de la venta. El saneamiento lo podemos hacer mediante dos acciones:

  • La acción redhibitoria, consiste en devolver la cosa al vendedor y que este nos entregue lo pagado por ella, básicamente restituir la situación a su estado originario.
  • La acción "quanta minoris", viene siendo solicitar una rebajar proporcional al defecto en el precio del bien, esta proporción la establecerá un perito.

¿Que ocurre si ya han transcurrido los seis meses desde la venta? ¿ ya no puedo hacer nada?, es más complicado pero aún podemos ejercer otras acciones como la de resolución del contrato por incumplimiento o la de nulidad contractual. En algunos casos el vicio oculto puede ocasionar una serie de daños que también podremos reclamar.

Estos casos pueden darse sobre todo en ventas por internet y de artículos de segunda mano en  general, el vendedor para inflar el precio asegura que el producto está en perfecto estado, y lo cierto es que a simple vista puede parecerlo ( no estoy insinuando que no haya vendedores honrados, solo advierto de posibles peligros), en estos casos es muy conveniente tener algún registro escrito de lo que nos ha prometido el vendedor, ya sea el anuncio o un intercambio de mails, porque lo hablado oralmente no tiene la misma validez en un hipotético juicio.

Cuando hayamos constatado que efectivamente el producto adolece o presente un vicio oculto, ya podremos dirigirnos a nuestro abogado o despacho de abogados con las pruebas que tengamos para que nos asesore y poder presentar la reclamación, aunque suele ser más rentable intentar alcanzar primero un acuerdo extrajudicial con la otra parte, para esto la ayuda de un despacho de abogados también puede ser importante.

Desde Avalfe Abogados asesoramos a cualquier persona que se crea engañado por cualquier vendedor, actuamos en Alicante, Murcia, Madrid, Móstoles y Bilbao, para cualquier duda pueden contactarnos a través de la dirección  info@avalfeabogados.com

La responsabilidad de los administradores sociales

                                                           Por Iñigo Alonso

Es más frecuente de lo que a primera vista pudiera parecer; un marido que nombra a su mujer administradora "de paja" de su sociedad, el colega que te pide como favor que aparezcas como administrador en uno de sus negocios "tranquilo, Pepe, no tienes que hacer nada solo que figure tu nombre y listo". El problema es que a veces aceptar estos compromisos puede traer consecuencias no deseadas.

Me estoy refiriendo a la responsabilidad de los administradores sociales cuando, de forma intencionada o negligente, realizan un ilícito que causa un daño directamente a la sociedad o a los intereses de socios o terceros. Para que se dé esta responsabilidad hacen falta una serie de requisitos:

  • Lo primero de todo es que se produzca un acto u omisión del administrador, lógicamente.
  • Lo segundo que haya habido un incumplimiento de la ley, los estatutos sociales o los deberes inherentes al cargo de administrador.
  • El siguiente requisito es que se haya causado un daño evaluable económicamente a la sociedad, socios o terceros. Dentro de este daño podrían incluirse supuestos de daño emergente y lucro cesante.
  • Otra condición es que se pueda apreciar un acto u omisión doloso o negligente, el peligro aquí está en que se presume que la conducta ha sido con intención o negligencia siempre que haya habido un incumplimiento de la ley, estatutos sociales o deberes inherentes al cargo de administrador salvo prueba en contrario (lo que a veces resultará difícil de probar).
  • Por último, lógicamente es necesaria la relación de causalidad entre la conducta y el daño efectivamente causado. Los supuestos de fuerza mayor quedarían exentos de responsabilidad (nuevamente aquí habría que probar la fuerza mayor).

Hasta aquí los requisitos necesarios para poder apreciar la responsabilidad, es importante también mencionar que la misma se extendería a toda persona que en el momento en que se produjo la acción u omisión estuviera actuando como administrador de la sociedad, ya fuera en calidad de administrador de hecho o de derecho.

Las sanciones podrían ir desde la pérdida de los derechos sociales o multas económicas a la responsabilidad penal en caso de apreciarse alguna conducta delictiva.

Resumiendo, sería conveniente antes de firmar el cargo, si no estamos relacionados con la normativa legal vigente, estudiar a fondo sobre la conveniencia o no de aceptar un hipotético riesgo y, ante la duda, consultar con un abogado o despacho de abogados de confianza.

Para cualquier consulta, sugerencia o comentario estoy siempre disponible en la dirección de correo electrónico de nuestro despacho de abogados info@avalfeabogados.com

Preguntas frecuentes en accidentes de trabajo

Antonio Avendaño

¿Qué es un accidente de trabajo?

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Se consideran accidentes de trabajo:

- Los accidentes que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo.

- Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

- Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente del buen funcionamiento de la empresa.

- Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

- Las enfermedades, no incluidas como tales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

- Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

¿Se considera accidente de trabajo el sufrido por un autónomo?

El hecho de que seamos trabajadores autónomos no significa que no podamos tener un accidente de trabajo si bien existen muchos matices a realizar dependiendo de si es un trabajador autónomo dependiente, trabaja en una obra como subcontratado, etc. Un accidente in itinere no se considera accidente de trabajo para trabajadores autónomos.

¿Que tipo de indemnizaciones puedo pedir en un accidente de trabajo?

En principio usted puede tener derecho a diferentes compensaciones. La primera es derivado de sus cotizaciones y es concedida por la Seguridad Social (aunque la empresa no le hubiese dado de alta en la Seguridad Social se podrían reclamar). La segunda habría que estudiar su convenio colectivo de aplicación pero es habitual que muchos convenios colectivos obliguen a los empresarios a contratar pólizas de seguros para indemnizar a los trabajadores afectados por accidentes de trabajo. Además, dependiendo de si el accidente se produjo por un incumplimiento empresarial de las normas de seguridad e higiene en el trabajo puede recibir un incremento en la prestación. Y por último la indemnización que corresponda por la responsabilidad civil nacida del daño causado.

¿Qué daños se consideran indemnizables?

Teniendo en cuenta la aplicación generalizada en este campo de la responsabilidad civil del sistema de tasación de daños personales previsto para los accidentes de circulación, conforme al cual los daños provocados por los accidentes de trabajo pueden agruparse en dos grandes categorías : daños en los bienes y daños a las personas.

Daños en los bienes: Destrucción, extravío o deterioro de bienes y efectos del trabajador así como la perdida de ganancias o de oportunidades por las pérdidas de los bienes.

Daños a las personas.- Se utiliza la expresión daños a las personas en un sentido amplio comprensivo del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales.

¿Qué significa que puede haber un "recargo" en la indemnización a percibir por parte de la empresa?

La Ley General de la Seguridad Social establece que «Todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de edad, sexo y demás condiciones del trabajador».

De tal manera que dependiendo de cada caso, se podría obtener un incremento en las
prestaciones derivadas del accidente de trabajo hasta un máximo del 50%.

¿Qué es un accidente de trabajo "in itinere"?

Es aquel accidente que se produce en los desplazamientos hacia y desde el trabajo.
Normalmente se trata de accidentes de tráfico que se producen al desplazarse el
trabajador a su puesto de trabajo o al retornar de él.

Es una materia muy casuística, en la que hay que valorar si se cumplen ciertos requisitos que la jurisprudencia ha ido estableciendo y en la que nos encontramos con nuevas realidades como el teletrabajo donde también se puede dar un accidente de trabajo "in itinere".

Debe ocurrir en tiempo inmediato o razonablemente próximo a la hora de entrada o salida del trabajo y siempre que dicho accidente tenga lugar en el trayecto usual desde el domicilio habitual, sin desvíos para realizar otras actividades.

Se considera que existe accidente laboral cuando la salida o retorno es desde el domicilio habitual o de fin de semana, o incluso una segunda residencia o a pesar de que el desplazamiento se haya producido interrupciones.

En caso de cualquier duda sobre accidente de trabajo puede contactar con nuestros abogados especializados en laboral, puede dejar su consulta en nuestro formulario de contacto o en laboral@avalfeabogados.com



LAS SUBVENCIONES DE LA ADMISTRACIÓN

                                                      Por Iñigo Alonso

En nuestro despacho de abogados nos hemos encontrado con varias dudas por parte de nuestras asociaciones colaboradoras de Madrid y de Móstoles referentes a las subvenciones que podían obtener por parte de las administraciones públicas, por ello he visto conveniente aclarar algunas ideas al respecto.

Primero de todo el contexto; las subvenciones se encuentran dentro de las medidas de fomento de las asociaciones de interés general que deberían (al menos en teoría) promover las administraciones públicas. No hace falta recordar que para ser beneficiarias de cualquier subvención o medida que les favorezcan las asociaciones deben de estar debidamente inscritas.

Ahora pasemos a hablar de los requisitos para la concesión de una subvención; para empezar deben de ser aprobadas por el órgano competente para ello, lo cual variará según a la administración pública a la que nos refiramos, no es el mismo órgano en el ayuntamiento de Madrid, Móstoles o Bilbao que en el ministerio del interior por ejemplo.

El siguiente requisito es una obviedad; para que una de estas ayudas sea concedida debe de existir crédito suficiente para ello y también el gasto debe de ser aprobado por el órgano competente en la administración de que se trate. Por último mencionar la necesaria fiscalización de los actos de contenido económico.

Ahora pasemos a hablar de las obligaciones de los beneficiarios; la primera es (obviamente) realizar la actividad que justifica la subvención, puesto que las subvenciones se conceden con una finalidad concreta. La segunda sería cumplir los requisitos y condiciones impuestos para su otorgamiento y estar al corriente de las obligaciones tributarias, unido a ello va también el deber de someterse a las actividades de comprobación de la administración concedente.

También el beneficiario deberá comunicar a la entidad pública otras subvenciones o ayudas que esten relacionadas con la actividad subvencionada y disponer de los documentos contables aplicables a cada caso, así como los justificativos  de la aplicación de los fondos recibidos.

En resumen; tanto si se trata de la Comunidad de Madrid como del ayuntamiento de Móstoles, la administración pública siempre será la que tenga la última palabra sobre la concesión o no de la subvención y la que interpretará hasta que punto la actividad en cuestión es de interés general y, por tanto, merecedora de la ayuda. Los subvencionados tendrán que ajustarse escrupulosamente a sus directrices y justificar de forma precisa el cumplimiento de los requisitos mencionados, más aún en los tiempos que corren, pues las endeudadas administraciones cada vez más mirarán estos temas con lupa.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy siempre disponible a la dirección de correo de nuestro despacho de abogados info@avalfeabogados.com

Colaboración como fórmula de éxito

Por Iñigo Alonso

En un artículo anterior destaqué la importancia que supone para un despacho de abogados el contar con una red de colaboradores, también mencioné por encima algunos ejemplos. En el presente artículo ampliaré la explicación de algo que considero esencial para cualquier despacho de abogados moderno.

Estas relaciones de colaboración se basan evidentemente en la confianza y en ver oportunidades de negocio donde otros ven obstáculos, una vez aclarado esto, pasemos a analizar algunas ideas básicas.

Un primer  ejemplo sería la colaboración con las agencias de detectives privados, ellos necesitan abogados que les pasen casos y los abogados pueden necesitar su labor para obtener pruebas en ciertos temas. También estaría el supuesto inverso; nosotros en alguna ocasión hemos captado clientes de Madrid y Móstoles que gracias a lo que descubrieron mediante la labor de nuestros detectives colaboradores decidieron tomar acción legal, en casos de divorcios fundamentalmente, aunque este supuesto es menos frecuente y lo normal sea que nosotros tengamos casos que pasarles a  los detectives. En cualquier otro supuesto se puede fijar una pequeña comisión para la parte que facilite un cliente a la otra, aunque esto depende de la manera de trabajar de cada uno.

Otro tipo de colaboración muy importante que puede llevar a cabo cualquier despacho de abogados es con las asesorías fiscales y contables, asumiendo que no llevemos temas fiscales, contables... y que ellos no realicen labor jurídica. El supuesto sería análogo al anterior, cada parte le derivaría a la otra los temas que no sean de su competencia a cambio de una pequeña comisión, todo ello supondría además un servicio más completo al cliente. Por ejemplo si el cliente es un empresario, el despacho de abogados puede constituirle la empresa y llevarle la asesoría jurídica, mientras que los colaboradores se ocupan de la parte fiscal y contable, llevándose la parte que haya captado al cliente y lo ha puesto en contacto con la otra una pequeña comisión. En Avalfe Abogados colaboramos con varias asesorías de Madrid y Móstoles para poder ofrecer así un servicio más global.

También las asociaciones de ciertos colectivos pueden resultar grandes colaboradores, el despacho de abogados ofrecería servicio jurídico a cualquier asociado que lo necesite a un precio reducido o charlas gratutitas sobre temas legales, y a cambio la asociación les daría a los abogados publicidad en su página web y los daría a conocer entre sus asociados y conocidos.

Otra posibilidad son los peritos ( en cualquier materia ) a cualquier despacho de abogados le viene bien tener localizado a un perito de confianza al que acudir a un precio reducido en algún caso que lo requiera, y el perito estará encantado de tener una posible fuente de peritajes que realizar si lo cree conveniente.

Por último, aclarar que esta lista no es ni mucho menos cerrada y que las posibilidades son infinitas, no solo en cuanto a quienes puedan ser colaboradores de un despacho de abogados, sino también en cuanto a la forma en la que realizar esa colaboración. Lo importante es mantener una mentalidad abierta y ver al resto de profesionales como aliados potenciales para dar lugar a una relación en la que ambas partes (y los posibles clientes) salgan reforzados.

Para cualquier duda, comentario o aclaración estoy siempre disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com

Preguntas frecuentes sobre despidos

Antonio Avendaño

¿Puede la empresa despedir sin causa?

Para que el despido no sea declarado judicialmente como improcedente o nulo, debera estar basado en una causa ajustada a derecho.


¿Puede la empresa hacer un despido verbal?

Es posible, pero la empresa asumiría un alto riesgo en caso de ser impugnado. La carta de despido es el elemento sobre el que se basará el procedimiento judicial por despido y aquello que manifieste en la carta de despido, deberá ser probado por la empresa.


¿Cuándo me tienen que pagar la indemnización en un despido objetivo?

El pago debe ser en el momento de la notificación del despido, con el riesgo de ser declarado improcedente.


¿Qué plazo tengo para demandar por despido?

20 días hábiles.


¿Tengo siempre derecho a indemnización por despido?

Sólo en caso de que  sea declarado procedente un despido disciplinario quedaría excluido el derecho a indemnización. No obstante, es la empresa la que tiene la carga de la prueba.


¿Qué valor tiene el acuerdo del acto de conciliación?

En caso de alcanzar un acuerdo con la empresa en el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje (SMAC) previo al juicio, este acuerdo es un titulo ejecutivo que en caso de incumplimiento por la empresa, implicará un pocedimiento sencillo ante el juzgado competente para obligar a su cumplimiento.


¿Se puede llegar a un acuerdo después del SMAC?

En la jurisdicción social se puede realizar acuerdos entre empresa y trabajador hasta el mismo día del juicio,  es muy habitual en la práctica.


En caso de duda sobre su despido puede consultar con nuestros abogados especializados en laboral en Bilbao, Madrid, Alicante y Murcia.

Puede contactar dejando su consulta en laboral@avalfeabogados.com


¿Buenas? prácticas bancarias

                                                                   Por Iñigo Alonso

Vivimos en una época de constante polémica en torno al negocio bancario, cuya imagen se asocia cada vez más a constantes abusos hacia los consumidores y clientes. En este contexto, se ha empezado a hablar de las buenas prácticas bancarias como códigos de conducta que las entidades bancarias deberían cumplir, dicho "código de conducta" es voluntario, por lo que legalmente aún no hay forma de obligar a los bancos a seguirlo a menos que se hayan adherido voluntariamente, de todas formas hay un registro de entidades adheridas a los códigos de buenas prácticas bancarias que podremos consultar a la hora de elegir que banco nos puede convenir más.

Me estoy refiriendo a prácticas que afectan a las hipotecas sobre primera vivienda habitual  y a personas que no disponen de una segunda vivienda, con el fin de buscar soluciones alternativas a los desahucios, vamos a analizar las más importantes.

Una  primera medida que los bancos podrían acordar si el deudor hipotecario tiene dificultades para pagar pero voluntad para ello es una reestructuración de la deuda; se establecería un periodo de carencia en el cual solo se le cobrarían los intereses, transcurrido el cual se volvería a cobrar también las cuotas pero renegociando el tipo de interés para que sea más favorable.

Otra opción que pueden intentar negociar el banco y el consumidor es una quita, que básicamente vendría a ser perdonar una parte de la deuda hipotecaria. El porcentaje en que se reduzca dicha deuda dependerá de cada caso concreto y habrá que negociarlo con el banco en cuestión.

Como última opción se contempla a veces la dación en pago, es una medida reservada para los segmentos más bajos y viviendas de bajo valor. Consiste en el cambio de propiedad de la vivienda del consumidor al banco a cambio de que este perdone la deuda, además el deudor podrá permanecer en la vivienda durante un periodo de dos años pagando un alquiler reducido, puesto que llegados a ese punto el inmueble es propiedad del banco.

Por último, merece la pena mencionar otra de estas medidas, no sustitutiva sino complementaria a las anteriores, que sería el compromiso de las entidades bancarias de no incluir en sus contratos de préstamos hipotecario unos intereses de demora superiores al 2,5 %.

En resumen, estas medidas podrán ser un recurso al que acudir para negociar con el banco cuando tengamos dificultad para pagar la deuda hipotecaria, evidentemente el éxito de la negociación va a depender en gran medida de que la entidad esté o no inscrita en el registro de buenas prácticas bancarias, pero en cualquier caso tal y como están las cosas hoy en día a muchas entidades les convendrá sentarse a negociar antes que empeorar más su imagen.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia o aclaración estoy siempre disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com


S.L. vs autónomo

                                                               Por Iñigo Alonso

Vamos a empezar nuestro pequeño negocio; queremos ir de menos a más, por si no hubiera ya bastantes dificultades en el inicio, nos encontramos con una encrucijada nada más empezar ¿es mejor constituir una S.L. o simplemente darnos de alta como autónomos? Es una pregunta frecuente que todo emprendedor puede querer formular a su despacho de abogados de confianza, y mi respuesta es que depende, depende de varios factores, para hacernos una mejor idea vamos analizar los pros y contras de ambas opciones.

Desde el punto de vista de la responsabilidad por deudas, constituyendo sociedad responderíamos solamente con el capital social y no personalmente, al contrario que siendo autónomos, no hay que empezar una aventura empresarial poniéndose en lo peor pero conviene tenerlo presente. En este punto no hay duda, ganador: S.L.

Si analizamos los trámites iniciales de constitución y los costes diarios de gestión, veremos que darse de alta como autónomo es un proceso más sencillo y barato que constituir una sociedad (y no tenemos que hacer esa primera aportación de 3000€) y los costes de gestión serán menores, así como las exigencias de contabilidad. Según este criterio tenemos otro ganador claro: autónomo.

Desde el punto de vista de la apariencia externa, una sociedad ofrece una imagen comercial más solida y es más probable que las entidades bancarias nos proporcionen financiación en caso de necesitarla. Aquí tampoco hay duda, ganador: S.L.

En el campo de los impuestos el tema es más complejo; la S.L. tributa por el IS, que es un impuesto fijo, en cambio un autónomo tributa por el IRPF que es un impuesto progresivo, por lo que en cuanto empecemos a obtener beneficios consistentemente el sistema de autónomo sale más caro. Esta aparente ventaja de la sociedad lo es suponiendo que los beneficios que obtenga vayan a la propio sociedad y no se destinen al bolsillo propio de sus integrantes, ya que en ese caso su tributación quedaría prácticamente igual que la del autónomo. Según este criterio no tenemos un ganador claro, pues hay que ver cada caso en concreto.

En resumen, no me atrevería a asegurar con rotundidad cual de las dos opciones es mejor para empezar un negocio, pues habría que analizar cada caso en particular. Podríamos decir que si vamos a empezar totalmente de cero y sin financiación de ningún tipo y nuestra prioridad es reducir costes al mínimo será mejor empezar como autónomos, en cambio si necesitamos un crédito o vamos a empezar con una inversión inicial de un cierto volumen constituir una S.L. será lo más conveniente. Sin embargo tampoco se puede hacer esta afirmación de forma definitiva, por lo que, ante la duda,  yo recomiendo consultar a un abogado o despacho de abogados de confianza para estudiar el caso en profundidad.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com



El buen despacho de abogados

                                                               Por Iñigo Alonso

Hace poco escribí  en este mismo blog un artículo sobre los nuevos retos a los que tiene que enfrentarse el despacho de abogados moderno y la dirección que, a mi modo de ver, está tomando el sector. Hoy me gustaría continuar, tomando ese artículo como punto de partida, y dar mi opinión personal sobre las cualidades del buen despacho de abogados del siglo XXI, tanto desde el punto de vista de lo que creo que es moralmente correcto como desde la perspectiva del éxito profesional.

Lo primero que destacaría es la honestidad y transparencia hacia uno mismo y hacia el cliente que todo abogado debe respetar; en este caso me refiero a las especialidades jurídicas. Un buen despacho de abogados debería tener como mínimo un abogado con conocimientos de las materias de las que trate cada caso que se acepte. Al fin y al cabo, a ningún cliente le va a suscitar confianza ser atendido por un generalista que no tiene experiencia en casos similares al suyo.

En línea con lo anterior, recomendaría encarecidamente a cualquier despacho de abogados que forme su red de colaboradores; esto es básico para tener a alguien a quien delegar casos que no son de nuestras materias o un apoyo para ayudar en algún asunto. Por ejemplo; una agencia de detectives para obtener pruebas, una asesoría para derivarle temas fiscales o contables y que ellos nos deriven a su vez clientes que necesiten ayuda en materias que no son competencia de la asesoría...las posibilidades son enormes. Todo ello derivaría en la posibilidad de ofrecer una mejor calidad en el servicio al cliente y ofrecerle la confianza básica para que se sienta cómodo delegando su caso en nosotros. Además en un sitio grande como Madrid al principio se hace difícil darse a conocer, y por ello la posibilidad de recibir recomendaciones por parte de un colaborador siempre será de gran ayuda.

En cuanto a los pequeños detalles hay obviedades que a veces se nos pueden pasar por alto pero que pueden ayudar también a cuidar nuestra imagen: ofrecer facilidad para contactar con nosotros, informar de cuando en cuando a nuestros clientes y colaboradores de como están los asuntos que llevamos con ellos (no esperar siempre a que vengan a preguntarnos), felicitar las navidades....las pequeñas cosas pueden ayudarnos a mantener una buena imagen y a recodarles a nuestros clientes que estamos ahí.

Otra cosa que hay que tener muy presente es que la vida real no es como las series americanas de abogados; no se trata de un duelo personal yo vs el otro abogado ni de hacer nuestro show en la sala, sino del problema de una persona del que me tengo que encargar. No ganamos o perdemos nosotros, sino nuestro cliente.

Hasta aquí mi opinión personal sobre el tema (de momento), para cualquier consulta, opinión o comentario me encuentro disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com

          

Medios de notificación

                                                          Por Iñigo Alonso

La notificación cumple un papel muy importante en el derecho; en muchos casos no se puede seguir adelante con el procedimiento sin haber notificado al demandado, otras veces para reclamar una cantidad hay que requerir primero al deudor de forma amistosa para que acceda al pago...en definitiva, la comunicación con la otra parte es esencial.

Por lo anterior, es clave elegir una forma de comunicación que garantice que llegue al destinatario y que deje constancia tanto del contenido del mensaje como de la fecha de recepción. Puesto que más adelante nos podrá interesar acreditar que le mandamos a tal persona cierto mensaje y lo recibió cierto día concreto. Por ejemplo si queremos darnos de baja de un seguro nos interesará dejar constancia de que la aseguradora recibió en cierto día nuestro mensaje con el contenido concreto de que queremos el cese de la cobertura desde ese mismo momento, y no desde el momento que pretenda esta.

¿Cuando se considera alguien notificado?, la teoría mas aceptada jurídicamente y a la que debemos ceñirnos es la teoría de la recepción; viene a decir que se considera que se le ha notificado el mensaje al destinatario cuando se ha completado el proceso de envío y lo tiene a su disposición aunque no haya tenido ocasión de verlo. Por ejemplo una persona estaría notificada si tiene una carta en el buzón aunque no lo abra, si tiene un mensaje en la bandeja de correo  electrónico aunque no lo revise etc..

Una vez analizadas estas cuestiones básicas pasemos analizar los medios de comunicación más utilizados hoy en día desde el punto de vista dejar constancia del mensaje:

  • El teléfono; es un medio rápido y cómodo para hablar pero no para dejar constancia de un mensaje, puesto que lo único que nos permitirá acreditar una llamada teléfonica es que la conversación se produjo y en que momento pero no el contenido de la misma, podría sernos útil en casos en los que demostrar el contenido concreto no sea tan relevante.
  • El correo electrónico; es una opción muy viable ya que deja constancia de la fecha de envío y del contenido del mismo, además es totalmente gratuito, ideal cuando nuestro destinatario es un particular.
  • El correo postal es la mejor  opción cuando nuestro destinatario es una persona jurídica, la modalidad más conveniente de correo postal es el burofax, siempre que no nos olvidemos de pedir el acuse de recibo y la certificación de contenido.
  • En algunos casos nos puede venir bien acudir personalmente a entregar algún escrito, por ejemplo al servicio de atención al cliente de un banco, importante aquí llevar varias copias y quedarnos con una sellada para acreditar el día de presentación.

En resumen, muchas veces nos va a interesar acreditar una comunicación previa a un proceso judicial para hacer valer nuestros derechos y demostrar que hemos obrado de la forma correcta, en esos casos es clave hacer las cosas bien desde el principio para no perder luego oportunidades de forma absurda.

Para cualquier duda o comentario estoy siempre disponible a la dirección de correo  info@avalfeabogados.com


La nueva era del abogado

                                                          Por Iñigo Alonso

Los tiempos han cambiado; es un hecho, a los abogados del siglo ventiuno ya no les vale con anunciarse con un letrero y esperar a que los clientes pasen por allí, tampoco funciona tanto como antes el pasarse por los juzgados para ver si hay algún otro abogado que les pueda delegar un caso que no tiene tiempo de llevar.

Lo cierto es que los que ejercemos esta profesión vivimos una época de mucha competencia, he llegado a escuchar  hablar del fenómeno de "la proletarización de la abogacía", ya que la nuestra ha pasado de ser una profesión de élite a una de las más concurridas y con más paro. También la crisis económica ha influído, hay menos clientela y por lo tanto a los despachos de abogados pequeños les cuesta más ganarse un puesto en el mercado, en cuanto a los grandes, han tenido que recortar sus plantillas. Si bien estos dos últimos efectos han remitido un poco, el panorama no ha mejorado de forma sustancial.

Ante esta nueva realidad los despachos de abogados han tenido que modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos para poder sobrevivir o incluso crecer en el mercado jurídico actual. Los despachos de abogados de gran dimensión, al contar con una gran estructura y amplios recursos materiales y humanos, siguen siendo la mejor alternativa para las grandes empresas y entidades financieras; mientras que los despachos de abogados más pequeños tienden a especializarse en un nicho de mercado y a ofrecer mayor cercanía y atención a sus clientes, así como un precio más viable, por lo que son la oferta preferida por los particulares y la pequeña empresa.

En cuanto al ámbito geográfico, cuesta más hacerse notar en una gran ciudad como Madrid, así que cada vez más despachos de abogados optan por ofrecer sus servicios en poblaciones más reducidas como Móstoles. También es de destacar la incesante búsqueda por parte de más de un despacho de abogados de nichos de mercado más inexplorados donde no tener que hacer frente a tanta competencia, como por ejemplo el derecho rural o el derecho militar.

Por lo que respecta al perfil del abogado ideal, el conocimiento del derecho sigue siendo muy importante pero ya no es la única cualidad a tener en cuenta; se hacen cada vez más imprescindibles un buen perfil comercial y un buen manejo de los idiomas y las nuevas tecnologías. También se busca una política comercial más orientada al cliente que al producto y fidelizar clientes es ahora tan importante como captarlos.

Resumiendo; la abogacía más tradicional  ha experimentado una crisis en los últimos años que ha obligado a muchos abogados y despachos de abogados a buscar nuevas fórmulas de innovación con el fin de estar un paso por delante de la, cada vez más creciente, competencia y adaptarse a los nuevos tiempos. A mi humilde modo de ver esto está suponiendo una transición del abogado distante y formal que cita de memoria artículos, al abogado de perfil comercial más cercano al cliente y esto no puede sino ser positivo.

Para cualquier duda, sugerencia o aclaración estoy siempre disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com

Cláusula suelo, respuestas a preguntas frecuentes

                                                             Por Iñigo Alonso

Todos hemos escuchado en las noticias sobre las llamadas cláusulas suelo y la lucha entre los afectados por las mismas y los bancos, en nuestro despacho de abogados de Madrid y Móstoles recibo frecuentes consultas relacionadas con este tema, así que me ha parecido oportuno redactar una guía básica del  problema con respuestas a las preguntas más frecuentes.

1 ¿ Qué es una cláusula suelo?

Los intereses que pagamos al banco por la hipoteca son variables, la cláusula suelo viene a ser que el banco establece una limitación a la bajada de dichos intereses con respecto al contrato. Lo vemos mejor con un ejemplo:  Pepe tiene en su escritura de préstamo hipotecario una cláusula según la cual por mucho que baje el tipo de interés, el tipo aplicable a su caso concreto nunca podrá bajar de 4%. Así que Pepe no podrá beneficiarse de bajadas en los tipos de interés que podrían suponerle un ahorro en lo que paga al banco. Estas cláusulas está consideradas abusivas a menos que el cliente las haya aceptado expresamente (firmar el contrato no es aceptarla expresamente).

2 ¿Como sé si soy un afectado de la cláusula suelo?

Debemos revisar nuestra escritura de préstamos hipotecario en busca de dicha cláusula, si tenemos firmado con el banco un contrato de novación o modificación de la escritura original también tenemos que mirar este, muchas veces los bancos ofrecen novaciones de los préstamos en las que reducen la cláusula suelo (aunque sigue siendo abusiva) a cambio de que el cliente se abstenga de reclamar cualquier cantidad anterior a la firma de dicha modificación. Aún así en estos casos se debe exigir la anulación de la cláusula suelo y reclamar las cantidades posteriores.

3 ¿Como reclamo?

Lo primero es presentar un escrito en la oficina de atención al cliente de la entidad bancaria, y si no recibimos una respuesta favorable en un plazo de dos meses procederemos a reclamar por vía judicial. Para todo este proceso recomiendo acudir a a un abogado o despacho de abogados de confianza.

4 ¿Qué puedo ganar reclamando?

Se puede conseguir la anulación de la cláusula suelo para evitar que el banco nos siga cobrando de más y se pueden reclamar las cantidades cobradas de más durante el tiempo que dicha cláusula ha estado operativa. En cuanto a lo último hay que matizar que es relativamente fácil conseguir la devolución de las cantidades cobradas de más a partir de 2013, las anteriores a ese año presentan más dificultad.

5 ¿ Se debe aceptar la modificación del prestamo que proponga el banco?

Cualquier acuerdo que nos proponga el banco para modificar el préstamos hipotecario no deberíamos ni planteárnoslo si no incluye expresamente la anulación de la cláusula suelo. Estas modificaciones suelen incluir cláusulas para que el consumidor no pueda reclamar por hechos anteriores a la firma del mismo, aunque eso no nos impediría exigir la anulación de cláusulas abusivas, aun así es conveniente consultar a nuestro abogado o despacho de abogados de confianza antes de firmar nada.

Esta sería la guía general con las preguntas más frecuentes que suelo recibir, para cualquier duda o consulta que haya quedado sin resolver, estoy siempre disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com

Consultas laborales frecuentes: jornada, permisos y vacaciones

Por Antonio Avendaño

¿Es legal que me paguen las vacaciones en lugar de disfrutarlas?

La regla general es que las vacaciones se deben disfrutar, se permite de forma excepcional si el contrato se extingue antes de disfrutarlas.


¿Tengo derecho a vacaciones que coincidan con baja médica?

Si, con independencia de cuando ha sobrevenido la incapacidad temporal.


¿Pueden modificar de forma unilateral mi horario de trabajo?

El horario forma parte de las condiciones individuales de trabajo y solo bajo unas causas tasadas en la ley podría la empresa realizar esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo.


¿Como se computan los días de permiso por nacimiento?

Los días son naturales, se computan festivos y fines de semana, salvo que el Convenio Colectivo o Acuerdo de empresa lo mejoren.



¿Puede el empresario distribuir la jornada de forma irregular?

El Estatuto de los trabajadores lo permite pero con un máximo del 10% de la jornada laboral en computo anual.


¿Cuales son las horas extraordinarias y cuanto se debe pagar por las mismas?

Hora extraordinaria es cualquiera que supere la jornada ordinaria de trabajo, el valor mínimo es el mismo que la hora ordinaria, aunque se permite que sean compensadas por un tiempo de descanso equivalente y no podran ser superiores a 80 horas por año.


¿Debo justificar las razones para pedir excedencia voluntaria?

El trabajador no tiene obligación de justificar las razones por las que lo solicita y la empresa tiene obligación de concederla siempre que lleve en la empresa al menos 1 año, y no haya pedido otra excedencia en los 4 años anteriores.

 



¿Comisiones abusivas?

                                                           Por Iñigo Alonso

Las comisiones bancarias, todos tenemos a veces la sensación de que el banco nos cobra hasta por respirar, y lo cierto es que en los últimos años ha aumentado notablemente la cantidad cobrada por los bancos a sus clientes en forma de comisiones y que las previsiones no son muy optimistas de que esta situación vaya a cambiar a corto plazo.

No es mi intención criminalizar el negocio bancario, perfectamente lícito y hasta necesario en muchos casos, sino simplemente mantener al consumidor alerta ante posibles abusos bancarios e informado de que medios de actuación dispone. Cuando hablo de abusos y comisiones abusivas lo hago en un sentido legal y no moral, pues podríamos entrar en un debate sin fin sobre lo inmorales que son muchas de ellas aunque legalmente sean lícitas, y ese debate no es el propósito de este artículo.

Me gustaría comenzar hablando de los requisitos que debe cumplir una comisión bancaria para ser legalmente legítima; para empezar han de ser aceptadas por el consumidor, así que habrá que leerse bien los contratos que tenemos con el banco y estar atento a su engorrosa letra pequeña porque nuestra firma implica nuestra aceptación, a menos que podamos demostrar que una cláusula entre en el concepto de legalmente abusiva. Ante la duda, lo mejor será pedir a nuestro abogado de confianza que revise nuestros contratos (a ser posible antes de firmarlos) para ser plenamente conscientes de lo que estamos aceptando.

El segundo requisito es que la comisión responda a servicios reales efectivamente prestados por el banco y que se nos informe de cualquier comisión adicional que nos quieran cargar, tenemos derecho a que se nos informe de forma gratuita de todas las comisiones que tenemos que pagar y de las modificaciones en las mismas. En mi anterior estapa en otro despacho de abogados de Madrid fui abogado de banco y recuerdo una entidad bancaria (no puedo decir el nombre) que cobraba a sus clientes una comisión de 25 euros por reclamación de recibo impagado, esta comisión sería totalmente abusiva, ya que no responde a un servicio prestado.

Ahora vamos con algunos truquillos del negocio; las entidades bancarias son más propensas a retirarnos algunas de sus comisiones si domiciliamos allí la nómina, nos comprometemos a ingresar una cantidad importante cada mes en alguna de nuestras cuentas o si vinculamos a la entidad una cantidad generosa como un depósito o un plan de pensiones. Evidentemente, no todos los consumidores estarán en disposición de hacer alguna de estas cosas, pero viene bien tener esto presente si queremos negociar con el banco la retirada de alguna comisión. Y hablando de la retirada de comisiones, la misma debe pactarse por escrito para que quede constancia. Otro truco del negocio es buscar, en la medida de lo posible, digitalizar en lo que podamos nuestras relaciones con el banco, pues cualquier trámite que implique papel va a suponer un pequeño gasto para el banco con la consiguiente comisión.

¿Y como reclamo al banco por una comisión abusiva? en este caso acudiremos a nuestro abogado o despacho de abogados de confianza para que presente una reclamación escrita en la oficina de atención al cliente de la entidad y, en caso de que esta no sea resuelta satisfactoriamente, valore la posibilidad de acudir a la vía judicial. Para más información, consultar mi artículo sobre cláusulas abusivas en este mismo blog.

Hasta aquí la guía general sobre el tema, para cualquier consulta estaré encantado de atender dudas a mi correo del despacho de abogados info@avalfeabogados.com




Confianza como valor primordial

                                                          Por Iñigo Alonso

Yo lo tengo claro; hay casi tantos abogados y despachos de abogados como peces en el mar, y más en grandes nucleos urbanos como Madrid, aunque los que  también ejercemos en municipios pequeños como Móstoles sabemos que no hay rincón exento de la fiera competencia. Hay despachos de abogados grandes con infinidad de recursos y despachos de abogados de menor dimensión pero que cuentan también con grandes profesionales (menor tamaño no implica menor calidad en el servicio) e incluso hay abogados que ejercen en solitario. Así pues, con una oferta tan grande ¿que es lo que distingue al buen abogado del abogado del montón? ¿los conocimientos jurídicos?, son importantes pero no estaba pensando en eso, ¿su perfil comercial?, también es muy importante pero tampoco me refería a eso, al final lo que realmente quiere el cliente es que le transmitan confianza, el buen abogado es aquel al que sus clientes le perciben como un profesional de confianza.

¿Que implica esta relación de confianza entre el cliente y su abogado o despacho de abogados?¿cuando se considera que el profesional está rompiendo esa relación de confianza?, vayamos por partes.

Jurídicamente la relación entre el abogado o despacho de abogados y su cliente se configura como un arrendamiento de servicios, no obliga al abogado a obtener un resultado, es más bien una obligación de medios, de ocuparse del caso del cliente con la diligencia de un buen padre de familia.

La primera consecuencia de lo anterior es el deber de información y consejo del abogado o despacho de abogados hacia su cliente; este deber de información y consejo implica avisar de riesgos, posibles alternativas, costes y posibilidades de éxito en el caso, así como de la conveniencia o no de proceder a la vía judicial.

Otra manifestación de la relación de confianza que debe respetar el despacho de abogados es la obligación de salvaguardar el secreto profesional de las comunicaciones y datos personales del cliente, así como de abstenerse de llevar casos que le supongan un conflicto de intereses. También debe tratar al cliente con respeto, cortesía y paciencia, entendiendo que este no tiene porque entender la materia jurídica, pues el experto es el abogado. El cliente siempre será el que tenga la última palabra y poder de decisión sobre las decisiones importante a tomar, si bien el abogado, como perito del derecho, puede disponer de un cierto margen de libertad para dirigir el proceso.

También me parece importante mencionar ciertas conductas poco profesionales como pueden ser la reiterada desatención al cliente y a su caso, o el "autocobro" (cobrarse los honorarios con dinero no destinado a ello que se le haya confiado, como provisión de fondos, honorarios de otros profesionales que intervengan...), estas prácticas solo conseguirán menoscabar a la larga la relación de confianza con el cliente y repercutir con ello negativamente en la reputación profesional del abogado.

Resumiendo, por mucho que lo adornemos, el cliente quiere que le transmitan confianza, poder estar tranquilo sabiendo que su problema está en buenas manos y que un profesional está poniendo todas las herramientas disponibles para llevar el asunto a buen puerto. Por todo lo anterior, como despacho de abogados, en Avalfe Abogados tenemos muy claro que nuestros clientes y la confianza que depositan en nosotros son nuestro mayor activo.

Para cualquier duda, comentario o sugerencia estamos disponibles en el email  info@avalfeabogados.com , también nos podéis seguir en Twitter o en facebook.

Siempre con garantía

                                                          Por Iñigo Alonso

Todos hacemos compras, nos educan para eso, la sociedad en la que vivimos lo fomenta, sin entrar en debates sociales, es una realidad que a veces hablamos de compras de productos duraderos y que nos cuestan una cantidad jugosa de nuestro dinero. El problema es cuando una vez comprado el producto, descubrimos que no funciona o que ya estaba roto o algo parecido, son los llamados vicios ocultos.

Vale, todos sabemos ya que los productos tienen una garantía, no descubro la polvora, el tema es que hay varios conceptos que, por descuido o desconocimiento, se nos pueden pasar a la hora de hacer valer nuestros derechos. Primeramente, me gustaría aclarar la diferencia entre garantía legal y garantía comercial; la primera es la obligatoria y que viene establecida por ley (dos años si el producto es de primera mano y un año si es de segunda mano), la segunda es la que ponen los fabricantes a veces de forma voluntaria y que puede variar en duración (es opcional el ponerla pero una vez incluida en el producto ya obliga al fabricante).

En el caso de que el producto presente un vicio oculto y estemos en el plazo de la garantía podremos exigir al establecimiento que nos lo ha vendido su reparación o sustitución por uno nuevo, en ambos casos de forma gratuita. Es importante que pidamos la justificación documental de cualquiera de estas operaciones si no nos la entregan, pues el nuevo producto que en su caso nos hayan dado tendrá a su vez una garantía de seis meses. Un detalle importante es que el plazo para que termine la garantía se interrumpe durante el tiempo que tarde en producirse la reparación o sustitución del producto defectuoso, esto último es importante si vamos justos con el plazo para presentar la reclamación.

Otro detalle que merece la pena mencionar, en vista de las últimas consultas que he recibido de clientes de Madrid y Móstoles, es que ante cualquier conducta que obstaculice nuestros derechos como consumidores, tenemos la facultad de pedir una hoja de reclamaciones y ningún establecimiento nos la puede negar, ya que están ante la obligación de contar con una a nuestra disposición.

En ciertos casos, por la naturaleza del producto, el mal funcionamiento puede habernos producido unos daños o perjuicios, por los cuales podríamos pedir una indemnización, aunque es importante consultar antes este punto con un abogado de confianza.

Resumiendo; mi consejo es guardar los justificantes de la operación de compra cuando hayamos adquirido un producto duradero y que cueste una cantidad importante de dinero, así como consultar con un abogado si sospechamos que el vendedor no está siendo respetuoso con nuestro derecho como consumidores.

Para cualquier duda estaré encantado de responder en la dirección de correo info@avalfeabogados.com


El arbitraje, el feo de la clase

                                                           Por Iñigo Alonso

No, no escribo estas líneas para quejarme del último penalti no pitado al Madrid, me refiero a una figura de resolución de conflictos no tan conocida, y a menudo menospreciada, pero igualmente válida para resolver una gran cantidad de litigios sin necesidad de acudir a los tribunales. Y es que en España hay cultura de juicio y de demanda, pero conviene tener presente que en ciertos ámbitos hay alternativas distintas.

En el arbitraje una persona independiente (el árbitro) resuelve la controversia que le plantean las partes sobre una determinada cuestión mediante un laudo arbitral, que sería lo equivalente a la sentencia. Lo primero que hay que señalar es que arbitraje es voluntario, por lo que es necesario el acuerdo de ambas partes de someterse al mismo. Una forma de acordar que las partes acudirán al mismo es mediante una cláusula en un contrato, que diga que en caso de discrepancia se comprometen al arbitraje para resolverla. Si somos consumidores y tenemos un desacuerdo con una empresa podemos consultar si la misma está adherida a alguna junta de arbitraje, ya que en ese caso deberá aceptar que la disputa se resuelva de esta forma, si no está adherida a ninguna junta de arbitraje podrá decidir si quiere o no someterse al mismo.

Lo siguiente que hay que destacar es que para poder acudir a esta figura una de las partes debe ser empresario o profesional (o organismo público en algunos casos) y hay una serie de casos en los que no procede:

  • Cuando haya de por medio una intoxicación/ lesión/ fallecimiento de una persona.
  • Cuando haya indicio de delito o resolución judicial firme sobre el asunto en cuestión.
  • Cuando la discusión afecte a materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición.
  • Cuando la parte que reclame carezca de capacidad de obrar o de representante legal en su caso.

El procedimiento arbritral es parecido a lo que sería un procedimiento judicial: hay escritos, alegaciones y aportación de pruebas y el arbitro resolverá finalmente mediante un laudo arbitral, que será lo equivalente a la sentencia. Ahora bien, el laudo arbitral no tiene de por sí fuerza ejecutiva, por lo que en caso de que la otra parte incumpla tendremos que acudir al juez para ejecutarlo. Es posible ejecutar laudos arbitrales procedentes de otros paises, así como ejecutar y reconocer en el extranjero los laudos arbitrales españoles.

Vale, todo esto está muy bien, pero ¿que ventajas reales tiene el arbitraje sobre acudir a los tribunales?; para empezar acaba resultando más económico y no cabe la posibilidad de que la otra parte presente recurso para perder el tiempo, también es un procedimiento un poco más rápido y flexible que un proceso judicial y sin tantos formalismos.

Resumiendo, tenemos una figura para resolver conflictos, que muchas veces se nos pasa por alto y que puede ser (a veces) una mejor alternativa que acudir a los tribunales, sin embargo antes de proceder con ello, recomiendo acudir a un abogado para que nos asesore de que alternativas tenemos y defienda nuestros intereses en el proceso arbitral.

Para resolver cualquier duda estoy siempre disponible en la dirección de correo info@avalfeabogados.com

¿Es legal mi contrato de interinidad? y ¿tengo derecho a indemnización?

Por Antonio Avendaño

El contrato de sustitución o interinidad es un tipo de contrato temporal  que se utiliza para sustituir a los trabajadores que tienen derecho a una reserva de su puesto de trabajo. Es decir, cuando una empresa tiene un trabajador que deja de prestar servicios temporalmente y tiene su puesto de trabajo reservado, puede contratar a otro trabajador para que lo sustituya.

Este tipo de contrato se puede realizar en los siguientes casos:

  • Sustituir a un trabajador que tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

  • Sustituir a un trabajador autónomo económicamente dependiente, TRADE; en algunas situaciones.

  • Cubrir temporalmente un puesto de trabajo que no ha sido cubierto, mientras dura el proceso de selección con el que se cubrirá definitivamente.

  • Completar la jornada de un trabajador que ha reducido temporalmente su jornada de trabajo por cuidado de hijo.

Fuera de estos supuestos no está permitido, la consecuencia implicaría que se considere contrato indefinido.

Por otro lado habría que hablar del derecho a indemnización por finalización de contrato de interinidad.

Nuestra legislación laboral prevé el derecho a indemnización al finalizar un contrato temporal pero el de interinidad y los formativos están excluidos.

La reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, no solo reconoce un fraude en el contrato de interinidad, por un mal uso de este tipo contractual, sino que además plantea que no existen razones objetivas que justifiquen la diferencia entre indemnizaciones derivadas de contratos indefinidos y temporales. "El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización", explica el fallo del TJUE.

Desde nuestro departamento de laboral recomendamos consultar a nuestros abogados laboralistas de Bilbao, Madrid, Alicante y Murcia, en caso de tener un contrato de interinidad.


Permiso de residencia para familiares ¿quienes pueden?

Por Antonio Avendaño

Nuestra legislación hasta finales del 2.015 permitía obtener un permiso de residencia temporal para familiares no comunitarios de ciudadanos de la UE de hasta 5 años únicamente a ascendientes, descendientes y conyuge, permitiendose en determinados casos a las parejas de hecho.

Con la última reforma, desde 2016 se amplía las posibilidades de obtener permiso de residencia a otros familiares y facilitando mucho a las parejas de hecho.

Los requisitos que se deben cumplir para poder obtener el permiso de residencia son los siguientes:

  • Acompañar o reunirse con un ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, con derecho a residencia por un período superior a tres meses, por ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener seguro de enfermedad y medios económicos suficientes para la unidad familiar, o ser estudiante con seguro de enfermedad y recursos suficientes para la unidad familiar.

  • El ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, debe cumplir una de las siguientes condiciones:

  • Ser trabajador por cuenta ajena en España, o

  • Ser trabajador por cuenta propia en España, o

  • Disponer para sí y los miembros de su familia, de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. También deberá aportar un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, o

  • Ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido o financiado por la administración educativa para cursar estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de enfermedad público o privado contratado en España u otro país que proporcione cobertura completa en España, y declaración responsable de que posee recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia.

  • Tener el siguiente parentesco con el ciudadano de la Unión:

  • Si es familiar de estudiante podrá ser:

  • Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.

  • Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.

  • Hijo del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja, menor de veintiún años o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o sea incapaz.

  • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén a cargo o vivan con el ciudadano de la Unión. Se entenderá acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.

  • Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de su cuidado personal.

  • Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre si.

  • En los demás supuestos podrá ser:

  • Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.

  • Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.

  • Hijo directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral como pareja, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o incapaz.

  • Ascendiente directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja registrada que viva a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja.

  • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén a cargo del ciudadano de la Unión.

  • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia conviva con el ciudadano de la Unión. Se entenderá acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.

  • Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal.

  • Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.

  • En caso de cualquier duda puede consultar con nuestros abogados especializados en laboral y extranjería en Bilbao, Madrid, Alicante y Murcia.


Comunidad de propietarios vs vecinos

                                                             Por Iñigo Alonso

Mi comunidad ha aprobado un gasto para la instalación de un ascensor, pero yo he votado en contra porque vivo en el primero y no lo necesito ¿estoy obligado a pagarlo? ¿puedo impugnar el acuerdo de la junta?. En nuestro despacho de abogados, recibimos con frecuencia consultas como estas, provenientes de clientes de Madrid y de Móstoles.

Vamos a comenzar a tratar el tema de la morosidad en las comunidades de propietarios definiendo quién es moroso en una comunidad de propietarios; moroso sería el propietario que no esté al corriente de pago con la comunidad, tanto en referencia a las cuotas ordinarias, como a las derramas que aprueban gastos extraordinarios.

En cuanto a los gastos ordinarios ¿quién decide la cantidad de las cuotas que tiene que pagar cada propietario?, la respuesta nos la dan los estatutos de la comunidad, donde se detallará en que medida debe contribuir cada vivienda a los gastos ordinarios. Hay que señalar que todos los vecinos están obligados a contribuir a los gastos de mantenimiento de la comunidad.

En cuanto a las derramas el tema es más complejo y ante una situación de duda yo aconsejo ponerse en contacto con un despacho de abogados. La mayoría de ellas serán obligatorias si se han aprobado respetando el procedimiento legalmente establecido y con las mayorías que en cada caso se requiera, ahora bien, en ciertas situaciones un propietario puede librarse de pagar las mejoras no necesarias si se ha opuesto en junta, aunque podrá verse privado de su disfrute si no contribuye. Lo que sí está claro, es que las derramas para la conservación del edificio o de sus servicios básicos siempre obligarán a todos los propietarios.

Mención especial merece el tema de los ascensores; la instalación de los mismos será obligatoria si lo solicita en junta un vecino mayor de setenta años o con una discapacidad médicamente reconocida. Dicha instalación podrá ser solicitada también por los vecinos  que sumen en junta una mayoría de tres quintos, aunque en este supuesto solo estarán obligados al pago los que voten a favor de la propuesta. ¡Que nadie se despiste! a estos efectos no estar presente en la junta o no votar se considera voto a favor, a menos que el vecino en cuestión manifieste su voto en contra en un plazo no superior a treinta días. Al hilo del tema de los ascensores, en nuestro despacho de abogados hemos recibido consultas por parte de vecinos de Madrid y Móstoles que viven en semisotanos o planta baja, pues bien, en estos casos el vecino está exento de los gastos ordinarios de conservación del ascensor y de los gastos extraordinarios de reforma o mejora del mismo, de lo que no estará exento es de contribuir a la primera instalación.

¿Quién es el obligado al pago?, la respuesta es simple: el propietario del inmueble. En los casos de venta el nuevo propietario responde por las deudas que tuviera el anterior con la comunidad en los tres años anteriores y de las deudas vencidas del año en curso. Por esto es necesario, al comprar una vivienda, asegurarnos de que el inmueble está libre de deudas con la comunidad, exigiendo al vendedor un certificado firmado por el presidente de la misma.

Otra pregunta frecuente que me he encontrado con propietarios de inmuebles en Madrid o en Móstoles, es si la comunidad puede embargar los bienes del propietario moroso, y lo cierto es que sí que podría llegar a darse esa posibilidad, por lo que ante la duda es mejor ponerse en contacto con un despacho de abogados.

Es conveniente saber, por último, que se pueden impugnar judicialmente los acuerdos de la junta que presenten irregularidades, aunque mientras se esté resolviendo la impugnación la comunidad ya puede ir exigiendo el pago de las cantidades a los vecinos morosos.

Para cualquier duda o problema que necesite aclaración estaré encantado de responder a la dirección de correo de nuestro despacho de abogadosinfo@avalfeabogados.com


¿Se puede usar el wassap como prueba?

                                                             Por Iñigo Alonso

Tengo una conversación de wassap grabada en mi teléfono ¿ la puedo usar como prueba en un juicio? ¿me la puede impugnar el abogado contrario? ¿ sería una prueba definitiva?, con el auge de los medios electrónicos es normal que estas dudas aparezcan, veamos paso a paso como abordar el tema.

En nuestro ordenamiento jurídico este medio de comunicación no está expresamente recogido, sin embargo sí se hace referencia a la posibilidad de usar medios electrónicos como prueba. Dicho esto, para que una conversación de wassap se admita como prueba en un juicio harán falta tres requisitos.

El primer y principal requisito es que la conversación haya sido obtenida sin violar derechos ni libertades de las personas implicadas, requisito común a los medios de prueba en general.

Una vez asegurado lo anterior, será conveniente darle fe pública a la conversación para evitar impugnaciones por parte del abogado de la otra parte; esto lo podremos lograr acudiendo al letrado de la administración de justicia (antiguo secretario judicial), por vía notarial, cotejando la conversación con el otro teléfono móvil implicado o acudiendo a los servicios de un perito informático. Estos medios de respaldar la validez de la prueba no son excluyentes entre sí, de modo que el uso de uno u otro ( o varios ) dependerá del caso concreto, siendo importante en este punto el buen criterio del abogado que nos asista.

Pero ¿con esto bastaría? ¿una conversación de wassap puede demostrar un hecho sin  necesidad de otros medios de prueba?, la verdad es que gradualmente se está comenzando a admitir el valor probatorio de este medio de comunicación y ya hay varias sentencias que avanzan en esta dirección, sin embargo, hasta que no haya un criterio jurisprudencial uniforme y consolidado al respecto, será muy importante apoyar la conversación por wassap con algún otro medio de prueba que respalde el hecho que queremos demostrar.

Ese sería, a grandes rasgos, el panorama sobre la viabilidad como medio de prueba de este método de comunicación tan en auge, tengamos en cuenta que los medios tecnológicos avanzan rápidamente  adelantando a las leyes y obligando a abogados, jueces y otros profesionales del derecho a interpretar e improvisar para adaptarse a la nueva realidad.

Para cualquier duda , estoy disponible en mi correo electrónico info@avalfeabogados.com


Morosidad, la enemiga de las pymes (tercera parte).

                                                             Por Iñigo Alonso

Esta es la tercera entrega de mi serie de artículos relacionados con la morosidad, hoy veremos una forma de alcanzar acuerdos de pago que nos permitan recuperar la deuda, o en el peor escenario, disponer de una prueba fehaciente de la existencia de la misma, reconocida por el propio deudor.

Este modelo de alcanzar acuerdos se conoce con el nombre de RAITES, las palabras que forman sus siglas son: Reconocimiento, Aceptación, Importe, Tiempo, Ejecución y Seguimiento. Esta técnica moderna de comunicación y logro de acuerdos está siendo llevada a la práctica con grandes éxitos por cada vez más empresas.

El primer paso es el Reconocimiento, en esta fase se realizaría un estudio de la solvencia del deudor y de sus posibles tácticas evasivas para poder negociar con éxito el reconocimiento de la deuda.

El siguiente paso, es la Aceptación, consiste en procurar que el deudor reconozca la existencia de la deuda, en este punto ayudaría tener la misma bien documentada. Relacionados con esta fase están los pasos siguientes ( Importe y Tiempo ), donde se discutirán las condiciones de pago, el importe de la deuda y los plazos en que se deban abonar las cantidades, es aquí donde se deberán establecer las posibles penalizaciones o recargos.

Una vez que ya tenemos el acuerdo de palabra toca proceder a la fase de Ejecución, o dicho de otro modo, a plasmar lo hablado en un acuerdo escrito de reconocimiento de deuda que refleje el compromiso de pago por parte del deudor. Si el deudor se negara a firmar ningún documento se le podrá enviar a su domicilio una carta certificada o un Burofax que contenga lo acordado durante la negociación.

La última fase es el seguimiento exhaustivo del expediente para comprobar si efectivamente el deudor va cumpliendo con lo acordado en el compromiso anteriormente alcanzado, si se detecta un incumplimiento habría que valorar la posibilidad de reclamar la deuda judicialmente, previo aviso amistoso por Carta Certificada o Burofax. En un proceso judicial se contaría con la ventaja de disponer de  un acuerdo de pago y un reconocimiento de la deuda que servirían como prueba de la misma.

En resumen, el método que acabo de exponer sirve para intentar alcanzar un acuerdo flexible con los deudores y a la vez para obtener un compromiso de pago que incluya el reconocimiento de la deuda y sirva así como prueba en el caso de ser necesaria la reclamación por vía judicial. Naturalmente, la negociación será más exitosa si la llevan a cabo abogados con conocimientos en la reclamación de deuda que puedan ejercer una presión extra sobre los deudores .

Con esto doy por finalizado el tercer artículo de esta serie, para cualquier duda estoy siempre disponible en la dirección de correo  info@avalfeabogados.com



Como trabajador/a, ¿Que plazos tengo?

Por Antonio Avendaño

Frente a decisiones de la Empresa con las que no se esté de acuerdo, se puede tener derecho a reclamar ante un Juzgado de lo Social, pero dentro de unos plazos.

Para los casos de despido y para otras sanciones, el plazo es de 20 días hábiles, fuera de este plazo no es posible demandar, el Juzgado de lo Social declararía la prescripción.

Si se produce una movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión o reducción de jornada el plazo legal es también de 20 días hábiles.

En los supuestos de reclamación de cantidad, se pueden reclamar salarios y otros conceptos económicos debidos por la empresa con el plazo máximo de un año.

Si se quisiera reclamar otros derechos distintos a cantidades económicas, el plazo también sería de un año.

Y en materia de cotizaciones a la Seguridad Social se pueden reclamar hasta 4 años.

Estos son diferentes supuestos que muestran distintos plazos de los que dispone cualquier trabajad@r, para evitar el perjuicio de no reclamar a tiempo es bueno consultar con un abogado laboralista (laboral@avalfeabogados.com) lo antes posible, en caso contrario puede perder aquellos derechos que le corresponderían.

En caso de cualquier duda puede consultar a nuestros abogados especializados en laboral.


Morosidad,la enemiga de las pymes (segunda parte).

                                                       Por Iñigo Alonso

Dice un viejo refrán, que más vale prevenir que curar; esto es especialmente cierto en el tema que nos ocupa, pues en cuanto a la morosidad y a la recuperación de deuda, la empresa mejor preparada no es la que tiene menos incidencias en el cobro, sino la que, sin tenerlas, actúa diligentemente como si las tuviera.

Así pues, ¿como prevenir y afrontar la morosidad?, vayamos por partes, lo primero es el estudio previo de los clientes con quienes vamos a tratar (uso el término clientes por ser el supuesto más habitual, pero se extiende a cualquiera con el potencial para ser deudor de nuestro negocio), especialmente de los clientes nuevos  y ocasionales. En cuanto a los medios de dicho control previo, los hay de lo más variado; citaré a modo de ejemplos los registros de morosos, los registros  y cuentas que permiten comprobar la situación financiera de las empresas ( hay que tener en cuenta que las empresas muchas veces no reconocen su mala situación económica ) o simplemente observar los hábitos de pago habituales para comprobar si presentan alguna irregularidad sospechosa.

Otro aspecto básico para combatir la morosidad es documentar bien las deudas, para ser exactos toda relación comercial que tenga nuestra empresa debe quedar debidamente acreditada. En cuanto a los medios para acreditar dicha relación; la lista no es cerrada en absoluto y se admiten tanto los más conocidos ( correspondencia, hojas de encargo, pedidos, albaranes...) como otros que no siempre son tan obvios.

Un método que podemos utilizar es el contrato "camuflado" bajo el nombre de "acuerdo de venta" o "prestación de servicio", ya que hay personas que se niegan a firmar un contrato propiamente dicho. Otros medios pueden ser la hoja de presupuesto firmada por el cliente, los tres documentos cambiarios ( cheque, pagaré y letra de cambio ) o simplemente la respuesta a un correo electrónico dando la conformidad a un encargo o presupuesto.

El estudio previo de los clientes y la documentación de las relaciones comerciales son dos pilares básicos de una buena política de gestión de deuda y morosidad, sin embargo no quiero finalizar el presente artículo sin referirme a ciertas garantías del pago: el aval bancario, la cláusula de mora, el pacto comisorio o la hipoteca sobre un determinado bien. Estas garantías deberían quedar reservadas para operaciones de una cierta trascendencia económica y su uso realizarse mediante previo asesoramiento por parte de un abogado.

Hasta aquí la segunda entrega de esta serie de artículos sobre la recuperación de deuda y la morosidad, como siempre, estaré encantado de resolver cualquier cuestión a la dirección de correo info@avalfeabogados.com.



Morosidad, la enemiga de las pymes (primera parte).

                                                          Por Iñigo Alonso

La morosidad existe desde que por primera vez alguien dejó de respetar el trato comercial de intercambio de bienes y servicios; es un problema tan viejo como la historia de la humanidad, pero que en los últimos años ha ido en aumento, perjudicando sobre todo a la pequeña y mediana empresa.

¿Como debe afrontar una pyme este problema?, la solución pasa por una consideración del tema desde un perspectiva global, no solamente por intentar recuperar los créditos ya impagados.

Así, habría una primera fase preventiva destinada a intentar reducir el riesgo de morosidad en las operaciones comerciales de la pyme en cuestión. En esta fase se incluirían actuaciones  como pueden ser la búsqueda de información fiable sobre la situación financiera de los proveedores y clientes o la materialización de una política minuciosa de riesgos que incluya a toda la empresa (incluyendo al área comercial).

Incluso a pesar de llevar a cabo una política efectiva de control del riesgo, la morosidad puede aparecer, y con ella la necesidad de reclamar las deudas, en este caso las herramientas disponibles son la negociación con el deudor y, en última instancia, reclamar judicialmente.

En próximos artículos detallaré en profundidad estas medidas, por ahora basta con señalar dos puntos básicos muy a tener en cuenta por toda empresa que quiera llevar a cabo una gestión eficaz de la deuda y la morosidad:  documentar de forma ordenada todas las operaciones mercantiles y disponer de algún acuerdo con una empresa o despacho de abogados con conocimientos en la gestión de los impagados  y en la reclamación de deuda.

Hasta aquí esta primera introducción al problema, en los próximos artículos iré profundizando más en aspectos concretos de lo que he mencionado aquí, en caso de que algo no haya quedado claro  estaré encantado de resolver cualquier duda en la dirección de correo info@avalfeabogados.com.


Cláusulas suelo: el desenlace.

Por Eloy Ferrández.

A estas alturas de la película, los personajes ya han sido presentados y el argumento avanza conforme a las previsiones del género (quizás alguien espere un giro final que, con transmutación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en forma de benevolente "Deus ex machina" para los intereses de la Banca, convierta la epopeya del consumidor en blockbuster de funestas consecuencias para quien sólo pretende hacer valer sus derechos).

Estamos hablando, por supuesto, de la batalla jurídica que en la actualidad confronta al titular de un préstamo hipotecario afectado por la ya célebre y (judicialmente declarada) abusiva cláusula suelo, con la entidad financiera prestamista.

No es pretensión de este artículo criminalizar el negocio bancario, perfectamente lícito, habitual y necesario -en muchas ocasiones- para particulares y empresas, especialmente como mecanismo de financiación. No obstante, sí resulta indispensable exigir que esta actividad económica se desarrolle bajo estrictos criterios de legalidad. De ética profesional también, pero las normas morales rectoras de la conducta de cualquier persona (o sociedad en este caso), no gozan de naturaleza imperativa ni forman parte del ordenamiento jurídico positivo. La ley, sin embargo, es la ley. Debe cumplirse por cualquier persona o ente con personalidad jurídica bajo pena de sanción en caso de inobservancia de la misma.

Pero volvamos al guión de la obra y a su elemento central tras esta breve elipsis discursiva: ¿De qué hablamos cuando lo hacemos de cláusula suelo?

Pues bien, lacláusula de ajuste del tipo de interés variable supone el establecimiento de una cuantía mínima a pagar en las cuotas del préstamo hipotecario, con independencia de que los intereses ordinarios convenidos con la entidad financiera prestamista se encuentren por debajo del suelo acordado. Esto es, el prestatario, debido a la inserción de esta cláusula en el préstamo hipotecario, habría estado "pagando de más" al Banco sin haber tenido conocimiento de ello durante una serie de años, o lo que es peor, todavía podría estar haciéndolo.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de mayo de 2013, falló contra el BBVA, Novagalicia y Cajamar, en el sentido de declarar abusiva, y en consecuencia nula, dicha cláusula, siempre y cuando adoleciera de falta de transparencia, esto es y resumido de forma muy genérica: cuando no se hubiese informado suficientemente y de manera clara al cliente sobre las consecuencias de la inclusión de dicha cláusula en el préstamo hipotecario.

El pasado 7 de abril de 2.016, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid declaró la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por otras 45 entidades bancarias con consumidores. Esta sentencia, no obstante, todavía no es firme y ya ha sido recurrida, si bien marca un hito importantísimo y de mención obligada.

¿Pero qué supone la declaración de nulidad de la cláusula suelo? Ni más ni menos que el derecho del consumidor afectado a solicitar la devolución de los importes resultantes de la diferencia entre las cantidades abonadas al Banco por la aplicación de la cláusula suelo y las que realmente hubiera debido abonar si la misma no hubiera existido.

¿Y desde cuándo se puede reclamar el reintegro de estas cantidades? Pues bien, para dar respuesta a esta última y fundamental cuestión, habrá que esperar al final de la película.

El TJUE deberá resolver este mismo año sobre los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, en particular sobre la fecha a partir de la cual ésta surte sus efectos: bien desde el 9 de mayo de 2.013 (momento en el cual, como hemos visto, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la misma), o bien desde la firma del contrato de préstamo hipotecario o novación del mismo en el que se incluyó dicha cláusula, por parte del cliente perjudicado.

Se prevé que el próximo 12 de julio, el Abogado General del TJUE Paolo Mengozzi, se pronuncie sobre este asunto. Meses más tarde, el Tribunal deberá confirmar o refutar en sentencia las conclusiones de Mengozzi. La estadística nos muestra, en cualquier caso, que este órgano judicial suele ratificar el dictamen elaborado por el Abogado General en aproximadamente el 90 % de las ocasiones. En este 2.016, por tanto, conoceremos el desenlace del filme.

Las entidades financieras, que prevén un desembolso significativo si desde Europa se falla contra sus intereses, ya se "están moviendo". Y no siempre bajo los parámetros éticos, y quizá legales, adecuados. La Banca, en previsión del dictado de una sentencia que pueda resultarle perjudicial, está contactando con gran parte de sus clientes, ofreciéndoles interesantes novaciones en sus préstamos hipotecarios que, muy a menudo, esconden cláusulas que perjudican gravemente al consumidor: renuncia al ejercicio de acciones judiciales, reconocimiento del propio cliente de que ha sido debidamente informado y ha entendido el significado de la cláusula suelo (con lo cual su inclusión en el contrato bancario dejaría de ser abusiva y, por tanto, nula), modificaciones en los tipos de interés aparentemente favorables para el usuario (y que en realidad le perjudican en el medio y largo plazo), etcétera. Algunos de estos supuestos podrían dar lugar a demandas de nulidad por vicio del consentimiento e, incluso, cabría valorar la interposición de denuncia o querella ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo alguno de los delitos contra el patrimonio tipificados en el Código Penal. No obstante, este escenario litigioso, en ocasiones incierto, puede y debe ser evitado por el propio consumidor.

Desde Avalfe Abogados recomendamos encarecidamente que, antes de firmar cualquier novación del préstamo hipotecario que su Banco le ofrezca, consulte con un especialista y contrate el asesoramiento jurídico adecuado.

Nos gustan los finales felices. 

¿Es una cláusula abusiva?

Por Iñigo Alonso.

Con frecuencia escuchamos que un contrato contiene una cláusula abusiva, se nos vienen a la mente las famosas cláusulas suelo, pero ¿que es lo que determina que una estipulación de un contrato pueda ser considerada abusiva?

En primera lugar, debemos encontrarnos ante una cláusula que no haya sido negociada individualmente, es lo que ocurre en los llamados contratos de adhesión, donde el consumidor se limita a firmar o no firmar el contrato sin poder influir en su contenido. En todo caso, la carga de la prueba de que una cláusula ha sido negociada individualmente corresponde al empresario y no al consumidor.

El otro requisito importante para poder apreciar la abusividad de una cláusula es que, en contra de la buena fe, cause en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato. Podemos citar a modo de ejemplo aquellas que liberan al empresario de responsabilidad por incumplimiento contractual, le conceden facultades unilaterales de interpretación del contrato o impongan al consumidor la renuncia a derechos que legalmente le correspondan. La lista no es, ni mucho menos, cerrada, el elemento clave es que se genere un desequilibrio en la relación de derechos y obligaciones que perjudique a la parte más débil.

¿En que ámbito nos podemos encontrar una cláusula abusiva? La lista no es cerrada, pero lo normal es que tengan lugar en un contexto en el que una de las partes no tenga la capacidad de influir sobre el contenido del contrato, el caso de los contratos con el banco, cualquier empresa con el consumidor de un determinado bien o servicio o incluso en los contratos de trabajo.

Aclarado lo anterior, ¿cual es el efecto de que una cláusula sea considerada abusiva? La consecuencia es que no producirá efecto alguno y se tendrá por no puesta, lo que no implica la nulidad del resto del contrato.

Hasta aquí la teoría pero ¿como puedo identificar un cláusula de este tipo? ¿es el tipo de interés que pago al banco abusivo? ¿lo es alguna de las comisiones? ¿lo es alguna cláusula de mi contrato de trabajo? Desde Avalfe abogados te respondemos a estas preguntas y te orientamos sobre que posibles acciones se podrían tomar en caso de ser así, nuestra primera consulta siempre es gratuita.

¿Quién es tu verdadero empresario?

Por Antonio Avendaño


El contratar a trabajadores para cederlos a otra empresa es algo que solo pueden hacer las Empresas de Trabajo Temporal, y únicamente serán validos cuando exista causa de temporalidad en los contratos.

Pero es una práctica habitual en colectivos como son los informáticos o ingenieros y también en sectores como la construcción, seguridad, limpieza e incluso la Administración Pública donde se produce una cesión de los trabajadores a la empresa cliente sin una causa suficiente que lo justifique, mientras la empresa que ha contratado al trabajador se limita exclusivamente al pago del salario y las cotizaciones a la Seguridad Social.

En este supuesto comentado previamente nos podemos encontrar ante una cesión ilegal de trabajadores que implica unas consecuencias para la empresa y unos derechos para los trabajadores, que podrán elegir a cualquiera de las dos empresas como su verdadero empresario, así como las diferencias salariales que pudiera haber.

En caso de cualquier duda puede consultar a nuestros abogados especializados en laboral.


Verdadero o falso becario

Por Antonio Avendaño

La diferencia entre un verdadero o falso becario radica en si lo que realiza implica un beneficio para el trabajador o para la empresa.

Será la comparación entre el beneficio formativo que tiene el becario y el beneficio en la cuenta de resultados de la empresa lo que determinará la posición de los Tribunales.

No habrá beca cuando los servicios del becario cubren o satisfacen necesidades que, de no llevarse a cabo por aquél, tendrían que encomendarse a un tercero, o cuando el supuesto becario se limita a realizar los contenidos propios de la esfera de la actividad de la entidad.

La consecuencia de que un becario realice un trabajo similar a un trabajador por cuenta ajena comparable, implicará el poder reclamar las diferencias salariales que corresponden a su puesto de trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social que le correspondan, que le darían derechos a prestación por desempleo así como el resto de prestaciones de la Seguridad Social.

Por otro lado en caso de extinción de la beca realizada fraudulentamente se podría reclamar indemnización por despido.

Las contrataciones con el formato de beca requieren un buen conocimiento de la materia y que en caso de realizarlo de forma ilegal puede tener graves consecuencias para la empresa.

En caso de cualquier duda puede consultar a nuestros abogados especializados en laboral.


La realidad de los hechos frente a los contratos laborales

Por Antonio Avendaño

Es demasiado habitual encontrarse en el ámbito laboral con contratos que no se corresponden con la realidad del trabajo realizado.

Estos casos, y hay que decirlo bien claro tanto para empresarios como trabajadores, supone un fraude de ley en la contratación.

El Tribunal Supremo no deja margen de duda, que independientemente de lo que se ha firmado, si la realidad que se pueda probar es diferente, el contrato es realizado en fraude de ley, y por lo tanto se deberán aplicar aquellos efectos que le corresponden y no los que se derivan del contrato firmado entre empresario y trabajador.

Tanto empresarios, como posibles responsables de este tipo de fraude, así como trabajadores afectados deben saber que en ocasiones y derivado del principio "pro operario", específico del ámbito laboral, es suficiente con algún indicio para que se estime el fraude de ley en la contratación.

En caso de cualquier duda puede consultar a nuestros abogados especializados en laboral.


¿Como puedo reclamar la responsabilidad de la administración?

Por Iñigo Alonso

Cuando una persona causa un daño a otra, está obligada a reparar el daño causado. Naturalmente, la anterior afirmación quedaría vacía si no se extendiese también a quien está en una situación de poder con respecto al ciudadano medio, la administración pública.

Pero ¿Cuales son los requisitos para poder apreciar responsabilidad de una administración pública? Al respecto, hay que aclarar antes de nada, que la responsabilidad es objetiva en este caso, por lo que no es necesario apreciar dolo o culpa.

El primer requisito viene siendo la antijuricidad de la lesión, dicho en otras palabras, que el ciudadano no tenga el deber de soportarla. Con esto podemos ir descartando ciertas cargas que los ciudadanos sí tenemos el deber de soportar, como por ejemplo un impuesto o una sanción.

También es necesario añadir que la lesión debe ser real (no potencial), valorable económicamente e individualizada en relación a una persona o grupo de personas.

Por último, es necesario que la lesión sea consecuencia de un funcionamiento anormal de los servicios públicos, es importante poder demostrar la relación causa-efecto entre ese funcionamiento anormal y la lesión producida. También es necesario que no se den causas de fuerza mayor que libren a la administración de la responsabilidad.

Hasta aquí los requisitos pero, ¿Cómo hago para reclamar?, antes de nada es importante advertir que tenemos un año de plazo desde que se produce el hecho, si se han producido secuelas físicas o psíquicas, podemos contar el plazo desde que se determine el alcance de dichas lesiones.

Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos en el registro de la administración que corresponda y presentar un escrito acreditando las lesiones, el funcionamiento anormal del que hablábamos, la relación causa-efecto entre ambos, la valoración económica de los daños y presentando medios de prueba como fotografías, testigos...etc.

Si la administración no nos concede lo que pedimos, o no nos responde en plazo, hay que entender nuestra solicitud por desestimada y recurrir a la vía judicial.

Este es, a grandes rasgos, el procedimiento, es importante saber que, como ciudadanos, tenemos nuestros derechos frente a la administración y no se nos deben de pasar las oportunidades para hacerlos valer. Aconsejo asimismo, recurrir a los servicios de un abogado de confianza para que nos guíe a lo largo del procedimiento, dada la complejidad del mismo en ciertos casos y la importancia de ejecutar cada paso correctamente.

LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.

Por Iñigo Alonso.

Por fin la tenemos aquí, la tan esperada Ley de la Segunda Oportunidad, que pretende ser un respiro para los emprendedores que hayan visto fracasar su proyecto por causas inherentes al propio negocio o a la economía del país, y se encuentren en una situación en la cual no pueden hacer frente al pago de las deudas contraídas. Pero... ¿Realmente supone una segunda oportunidad para empezar nuevamente? ¿Es afortunada la redacción del texto legal? ¿Contribuirá a frenar el miedo a emprender que sobrevuela nuestro país?

Lo cierto es que por parte de los partidos políticos de la oposición ha recibido numerosas críticas, unas más razonables y otras más oportunistas (nada nuevo bajo el sol). Veamos por encima las claves del nuevo texto legal:

Una de las principales novedades de la ley es que ahora los particulares y autónomos, no solo las empresas, van a tener un vehículo jurídico para lograr la exoneración de sus deudas. Evidentemente, sin este avance la novedad legislativa no tendría sentido. Como primer paso, el deudor debe intentar lograr un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, este acuerdo será tutelado por el juez y el deudor tiene la posibilidad de pedir un mediador concursal que realice la función de intermediario entre él y sus acreedores. Estos acuerdos extrajudiciales podrán contener esperas no superiores a los tres años, quitas que no sobrepasen el 25% de los créditos y un plan de pagos. La ley establece también varias condiciones; entre ellas que el deudor compense a sus acreedores con bienes no afectos a su actividad empresarial o con acciones de su propia empresa (siempre por un valor igual o inferior a la cantidad adeudada), que el calendario de pagos se acompañe de un plan de viabilidad y que no supere los diez años.

Hasta aquí todo en orden, pero muchas veces no se alcanzará un acuerdo en plazo: ¿Qué ocurrirá entonces? En ese caso el deudor podrá instar el concurso de acreedores voluntario ante el juzgado (y aquí viene la novedad) de primera instancia y no mercantil. El cambio pretende (al menos en teoría) aligerar los plazos, aunque irónicamente una de las principales razones de ser los juzgados de lo mercantil era aliviar la carga de trabajo de los de primera instancia. Una vez solicitado el concurso voluntario el juez podrá exonerar al deudor de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones: que el deudor no posea bienes ni activos suficientes para afrontar el pago de sus deudas y que haya demostrado obrar de buena fe. Aquí llega la cuestión de determinar con exactitud un concepto de buena fe aplicable a este contexto, pues bien, la ley exige cuatro requisitos:

- Que se haya cumplido el anteriormente mencionado trámite de intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores.

- Que el concurso no se califique como culpable.

- Que en los diez años anteriores a la solicitud de concurso el deudor no se haya visto beneficiado otra vez por la presente ley ni haya cometido una serie de delitos contra el sector público y la seguridad social.

- Que en los cuatro años anteriores a la solicitud de concurso no haya rechazado una oferta de trabajo adecuada a su capacidad. Este último requisito no podría estar redactado de una forma menos afortunada. ¿Que se entiende por adecuada a su capacidad? Lo cierto es que es un concepto muy relativo que queda totalmente al libre albedrío del juez.

¿Y ya está? Bueno este es en líneas generales el proceso, pero hay una serie de cuestiones a tener en cuenta ya que la reforma adolece de varios puntos flacos. En primer lugar (y este es, en mi opinión, el talón de Aquiles de la ley) las deudas públicas no se exoneran, esto es especialmente limitador teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las deudas de los emprendedores suele proceder de Hacienda y de la Seguridad Social; cabe mencionar también que tampoco se exoneran las deudas alimenticias. En segundo lugar, los deudores que se acojan a esta ley verán como su nombre aparece en el Registro Público Concursal durante cinco años, lo que supondrá estar en una lista de morosos, no hace falta añadir que las posibilidades de poder recibir algún préstamo a partir de ese momento serán muy pequeñas (por no decir nulas) lo que, a mi modesto entender, pone en duda que realmente exista esa segunda oportunidad para el emprendedor que ha fracasado en su negocio. Otro factor importante es que los acreedores podrán pedir la revocación de la exoneración en un plazo de cinco años si el deudor actúa de mala fe (lógico) o si su situación económica mejora sustancialmente. Este segundo motivo me parece justo pero presenta la dificultad de determinar hasta qué punto ha mejorado la situación económica del deudor cuando este ha recurrido a la economía sumergida.

En definitiva, la ley es necesaria pero no suficiente, ofrece soluciones pero tiene una serie de puntos débiles que limitan mucho su eficacia. Afortunadamente una enmienda la podría mejorar si hubiese voluntad para ello, lo que, a mi juicio, es necesario si se quiere incentivar la actividad emprendedora del pequeño y mediano empresario.



AFECTADOS POR EL AMIANTO, HAY LUZ AL FINAL DEL TUNEL.

Por Iñigo Alonso.

Parecía perfecto, en un mineral reunidas cuatro cualidades únicas: aislante magnífico, ignífugo, fácil de manipular y barato de fabricar y distribuir. No es de extrañar que, debido a ello, el asbesto o amianto fuera ampliamente utilizado durante gran parte del siglo XX por una pluralidad de industrias diferentes.

Pero, por desgracia, en esta vida lo barato a veces acaba saliendo caro y la solución fácil termina convirtiéndose en ocasiones en un mal insospechado. A día de hoy nadie discute las nefastas consecuencias que pueden causar las fibras de amianto para la salud humana. Este mineral puede causar mesotelioma, asbestosis (el propio nombre nos da una pista), aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y ser el responsable de una serie de patologías pleurales no malignas.

¿Quiénes pueden verse afectados por el amianto? No cometamos el error de pensar que solo los trabajadores de las empresas que trabajaban con el asbesto han podido verse expuestos, por desgracia podemos hablar de una exposición indirecta sufrida por el contacto con la ropa de los trabajadores que han trabajado con el amianto (caso típico de las mujeres que lavaban en casa el mono de trabajo de los maridos), así como las personas que han vivido por un tiempo prolongado al lado de una mina de amianto o de una empresa que trabajara con dicho material.

Pero la cuestión principal es la siguiente: ¿Cómo pueden verse compensados los afectados del amianto? Bien, a día de hoy la vía por la que se puede obtener una compensación económica es la de la litigación (principalmente por lo social pero también en el orden civil y penal). Hasta la fecha, en España se han ido ganando un gran número de juicios interpuestos por los propios trabajadores afectados o por los familiares de trabajadores fallecidos. Se puede afirmar con conocimiento de causa que la inmensa mayoría de estos casos se resuelven dando la razón al afectado, si bien no siempre con la celeridad deseada, así pues, la vía de los tribunales sigue siendo de momento la única opción viable para la obtención de una adecuada compensación económica y moral.

Mención especial merecen las asociaciones de afectados por el Amianto, que protegen los intereses de los afectados y les facilitan los trámites administrativos para reclamar, poniéndoles finalmente en contacto con los abogados que les llevarán la negociación con la empresa culpable (si fuera posible) o el juicio. Destaco a Agavida, la asociación gallega de afectados del amianto, quienes llevan ya muchos años realizando una tremenda labor en Galicia, y más concretamente en la zona de Ferrol (uno de los lugares con más volumen de afectados).

Desde nuestro proyecto, ofrecemos a toda persona perjudicada por el amianto, o que conozca a otra persona en esa situación, una cobertura legal completa buscando la compensación económica y el pertinente resarcimiento de los daños morales causados. Colaboramos con varias asociaciones de afectados y defendemos que los perjudicados por el amianto puedan reclamar lo que les pertenece.